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jueves, marzo 28, 2024

A modo de los diputados

Si pudiéramos conocer la opinión de cada uno de los diputados locales sobre la calificación que les otorgó el Observatorio Legislativo, se podría confirmar que más de alguno no reviso el documento que se elaboró durante un año.

El diputado, Hugo Varela Flores fue solo uno de los casos de los legisladores que mostraron desinterés en la calificación que les pusieron los integrantes del órgano creado por ellos mismos.

Como en un examen, se supondría que por curiosidad deberían consultar sus resultados y de paso los de sus compañeros para poder medirlos contra algo.

Otros se tomaron el tiempo encontraron el documento de 56 páginas interesante, pero creen que puede mejorarse con indicadores cualitativos, sobre el impacto social de sus iniciativas y con base a eso buscar área de oportunidad.

Sobre la baja calificación en la aprobación de iniciativas culpan a las dinámicas políticas, pero insisten en qué los números no revelan el verdadero rendimiento.

Es bueno que un órgano ciudadano los evalúe, pero sólo hace falta que hagan un ejercicio de autorreflexión para que sepan lo que tienen que corregir.

Nuestros representantes tienen salarios demasiado altos, faltan a sus responsabilidades y con un papel firmado justifican las inasistencia para evitar descuentos, tienen poco acercamiento con la ciudadanía (al menos la gran mayoría), están acostumbrados a derrochar los recursos del erario en viáticos y gastos de representación y no se han preocupado por profesionalizarse para dejar de depender de sus asesores parlamentarios.

Ser diputado implica un trabajo de tiempo y conocimientos jurídicos que pocos se han preocupado por aprender, más que evaluaciones, los legisladores requieren profesionalización.

Sistema de justicia: eficacia, eficiencia y delincuencia

El sistema penitenciario, en lo ideal, tiene la misión de reinsertar a la sociedad ciudadanos que han quebrantado la ley; en esencia, reformar a quienes son ingresados por diferentes delitos, aunque es de dominio popular que es lo menos frecuente y por el contrario, lamentablemente se les ha llegado a considerar “universidades” de la delincuencia, donde un ladrón ocasional que es ingresado, sale con aprendizajes delictivos nuevos y contactos criminales que le dan más posibilidad de incrementar su actividad delictiva.

En este escenario se vuelve válido preguntarse qué tan conveniente es incrementar el número de ingresos a las cárceles, centros penitenciarios o de internamiento para adolescentes. En estadística Guanajuato está entre los primeros cinco Estados, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública, y Sistema Penitenciario Estatal (CNGSPSPE) que realiza el Instituto Nacional del Geografía y Estadística (INEGI) anualmente.

Es decir que con los 6 mil 164 ingresos que la autoridad guanajuatense realizó durante el 2019, el Estado es uno de los que más personas tiene en sus Ceresos y tutelares, por debajo de Coahuila (7 mil 30), Chihuahua (8 mil 346) y Baja California (13 mil 232), y esto puede ser tanto positivo como negativo, según la lectura y las cifras de referencia que se puedan tener.

Es decir que se puede interpretar como una alta eficiencia del sistema de justicia del Estado puesto que al haber más ingresos significaría que se procesa a más delincuentes, así, en teoría se estaría haciendo un buen trabajo, sin embargo, esto depende de cómo pudieran comportarse otros indicadores, como por ejemplo el índice de impunidad, el total de delitos que se cometen e incluso el total de carpetas que se inician por cada ingreso a un centro penitenciario.

Por otro lado, se podría interpretar que en Guanajuato la delincuencia es alta y que el elevado número de ingresos tiene relación directa con la cantidad total de delitos que se cometen, aunque nuevamente sería cuestión de conocer otros indicadores.

Lo que si se puede afirmar es que independientemente de la eficiencia y eficacia del sistema de justicia guanajuatense, en Guanajuato hay delincuencia suficiente para estar entre los primeros lugares de ingresos a centros penitenciarios. Algo que no pasaría en ningún estado con poco índice de criminalidad.

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