La avenida Miguel Alemán es una de las zonas comerciales más emblemáticas y tradicionales de todo León.
El bullicio, el mal olor, las banquetas invadidas y el tráfico insoportable son parte de las características asociadas a esta zona… o al menos, lo eran hasta la madrugada de ayer que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez inició el reordenamiento de la Miguel Alemán.
Esta medida es bastante drástica, pues en tan sólo un día retiraron 450 objetos que obstruían la vía pública, entre ellos, los puestos de muchos comerciantes que desde hace años y años, tenían en las calles sus sitios de trabajo.
Y aunque esta decisión puede afectar a un montón de comerciantes, lo cierto es que se tiene contemplada una estrategia para reubicarlos en zonas donde no representen un riesgo.
Transitar con seguridad por la Miguel Alemán era un asunto prácticamente imposible, entre las calles llenas de personas y banquetas invadidas con puestos y mercancías que obligaban a los peatones a caminar por el arroyo vial, exponiéndose a accidentes. Tan es así, que en los primeros tres meses del año se reportaron 12 accidentes en esta avenida.
Pese a las molestias evidentes causadas a los comerciantes, la decisión ha sido bien recibida por la población, aunque existe la duda de si se tratará de una solución a largo plazo o únicamente temporal.
El derecho de las víctimas
La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) acumuló 849 quejas en 2024.
Es la instancia estatal con más señalamientos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).
Sin embargo, su titular, Sergio Jaime Rochín del Rincón, parece minimizar el problema al asegurar que la mayoría de quejas vienen de un solo grupo, que muchas víctimas ni sabían qué firmaban, y que varios de los temas no son competencia directa de la Comisión.
Esa respuesta es preocupante porque detrás de cada queja hay una persona que sufrió un delito y no siente que no recibe el apoyo que necesita.
Las quejas, sin embargo, podrian dar pie a que algo no está funcionando pues son retrasos en apoyos alimentarios, becas o gastos funerarios.
Lo cierto es que, aunque no se hayan emitido recomendaciones por los casos de 2024, eso no significa que no haya problemas reales.
Las víctimas no pueden quedarse atrapadas en justificaciones administrativas, necesitan atención, acompañamiento y una respuesta clara dado que no piden favores, sino exigen el derecho básico a ser escuchadas y atendidas por las autoridades.
