Tras más de tres años de retrasos en el proyecto del Sistema de Bici Pública (SBP), finalmente el próximo viernes los leoneses dispondrán de este servicio de bicicletas compartidas, aunque solo será por seis meses y dentro del polígono Centro-Poliforum y zonas aledañas.
Lo anterior forma parte del convenio firmado en diciembre del 2018 entre el municipio de León con la empresa ‘Mobike’, mismo que no establece plazos, por lo que puede arrancar en unos días, semanas o meses, sin ningún problema.
Parte del convenio estableció la llegada de 500 bicicletas para el que pidieron una bodega ubicada en San Juan de Dios y por la que el municipio ha pagado 18 mil pesos mensuales desde abril, mes en el que presuntamente arrancaría este proyecto.
A la par se planificó una infraestructura ciclista, para la cual Obra Público destinó 7.7 millones de pesos. Sin embargo, a días de que las bicicletas ya estén rodando, permanece despintanda en algunas calles y los tótems que tienen la información de las cicloestaciones no están al 100% en todos los puntos.
El municipio tendrá una base de datos que Mobike va a generar, con datos sobre los destinos, tiempos y tipos de usuarios con el que podrán contratar a otra empresa toda vez que se terminen los 6 meses de prueba piloto comprometidos con Mobike. O también podrán decidir si este sistema como fue planteado no es funcional para la ciudad.
Entre que si Mobike se queda o no, de aquí a 6 meses ya veremos si los leoneses reciben amigablemente este tipo de servicio que existe desde hace años en otras ciudades de México y el mundo. O ya veremos si este sistema responde a las necesidades de la ciudad zapatera.
El blindaje de Betty
Resulta que el Iacip salió a corregirle la plana a la abogada y alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, quien sostuvo que los datos sobre la camioneta que usa deben considerarse reservados y hasta se atrevió a señalar a miembros del Ayuntamiento que preside, como responsables por la comisión de delitos al revelar los mismos.
La interpretación del Iacip sobre la publicidad de los datos, sobre la propiedad de la camioneta y el esquema legal por el cual la alcaldesa la usa, no requieren mayor análisis legal, sino una mera lectura de los textos legales.
Si la camioneta es propiedad de un tercero o del municipio de Salamanca, evidentemente no afecta la seguridad de la presidenta municipal, tampoco si está en un arrendamiento y el costo del mismo, lo que si se ve duramente evidenciada es la opacidad con la que insiste en gobernar Salamanca.
