La pandemia ocasionada por el coronavirus, quizá haya golpeado con mayor dureza al personal médico de todas las instituciones de salud. Aún y con las largas jornadas, la falta de insumos médicos, el incremento de casos por COVID-19 en la población y los propios contagios, nada los han detenido para salir todos los días, a hacer su trabajo.
Hace unos días, el Observatorio Nacional Ciudadano informó que han documentado 103 agresiones contra personal médico registradas entre abril y mayo por la Secretaría de Gobernación. Las clasificaron en verbales, escritas y de otro tipo.
La mayoría son ataques a la integridad física del personal médico con 44 por ciento; le sigue las agresiones verbales con 24 por ciento; 2 por ciento escritas y 30 por ciento de otro tipo. En ellas no figuraba Guanajuato hasta ahora con la agresión a personal médico del Hospital de Pediátrico en León.
Cinco de sus 31 años de edad, Michel García se ha desempeñado como enfermero en el Hospital de Pediatría. El jueves por la madrugada, una discrepancia en la atención a un paciente que se encontraba grave y falleció, le trajo consigo insultos de los familiares y de paso, la detención de un grupo de seis a nueve policías.
Los elementos lo golpearon en grupo, una mujer policía incluso golpeó en repetidas ocasiones sus genitales.
Michel pasó más de 12 horas en detenido en Cepol Norte, con la acusación de agresión a la autoridad.
El hecho movilizó a sus compañeros para manifestarse afuera del Hospital de Pediátrico en León y cientos de muestras de apoyo en redes sociales. Ahora se duda sí la investigación terminará con castigos a los elementos o estará en el limbo de la impunidad.
La tardía intervención de la PDHEG
La Procuraduría de los Derechos Humanos del estado ha decidido abrir expedientes para analizar quejas en relación a 12 detenciones ocurridas en la capital del estado por no llevar cubrebocas.
Sin duda se trata de un criterio digno de establecer en esta pandemia. La duda que surge es ¿Por qué hasta ahora?
Desde hace meses varios Ayuntamientos se han pronunciado por imponer multas y arrestos a quienes no atiendan las medidas sanitarias, sin embargo la Procuraduría de los Derechos Humanos ha omitido fijar su postura, la cual habría venido bien de directriz, si es que hubiera sido oportuna.
Aunque ahora son los diputados del PAN los que le ofrecen una nueva oportunidad a la PDHEG con una iniciativa de pretende penalizar con arresto de hasta 36 horas a quien conduzca un vehículo de motor sin haber renovado su licencia de manejo e impedirle que acceda a ese trámite sino hasta pasados tres años. Planteada así parece que la iniciativa vulnera todo, hasta el sentido común y más en tiempos de pandemia, en los que se debe privilegiar no hacer trámites presenciales.
Poner en riesgo a la población al no usar cubrebocas en espacios públicos sí merece una investigación de la PDHEG, pero no la eventual posibilidad de un arresto por el solo hecho de no renovar una licencia de manejo.
Si así se pretenden tutelar los derechos humanos en Guanajuato, vamos empeorando.
