El guiño que Morena le hace a la expriista Bárbara Botello Santibáñez para unirse a sus filas, sin duda es un fuerte reflejo de la estrategia desesperada que hay por parte de esta institución de posicionarse para el 2024, como una opción para gobernar Guanajuato.
Sin embargo el precio que tendría que pagar Morena sería muy alto, si quiere reclutar a la exalcaldesa de León para un proyecto electoral, pues ella ha declarado públicamente que quiere ser gobernadora, lo que podría fragmentar las estructuras al interior del movimiento ya que es bien sabido que la presencia de Botello Santibáñez no sería bien recibida por todos los morenistas.
Lo que es indudable es que Morena es quién quiere a Bárbara Botello, y ello podría significar que ni Morena confía en los perfiles que militantes como Malú Micher, o Antares Vázquez tiene para contener por el cargo.
En ese imaginario es posible que se repetirá que quién contienda por la gubernatura no sería alguien con trayectoria en el partido, como en su momento fue el expanista, Ricardo Sheffield Padilla, quien por cierto, perdió.
Así los abogados de (la) cuarta
Una vez más, el equipo jurídico de Morena en Guanajuato, así como el poco interés por solucionar sus conflictos legales internos, quedaron evidenciados con una segunda orden de embargo en contra del Comité Directivo Estatal del partido.
En menos de un año, la sede morenista en Guanajuato capital, recibió una orden de embargo, la segunda se presentó este martes, al no pagar cerca de 327 mil pesos a una extrabajadora que colaboró en las filas partidistas durante cuatro meses.
Afortunadamente para el partido, fue poco el interés de la parte defensora en los bienes del partido, por lo que la orden no derivó en un lamentable embargo de electrodomésticos, equipo de oficina y computadoras como en mayo del año pasado, también por no pagar el dinero adeudado a excolaboradores.
El secretario general del Comité, Jesús Ramírez Garibay, declaró que se va a hacer el pago, pero se requiere llevar el caso a la Secretaría del instituto político, en la Ciudad de México, donde el dinero se encuentra centralizado.
Será esta una artimaña para aplazar el tiempo de pago de la parte denunciante, o de plano, el dirigente no tiene conocimiento de que, a nivel local, la institución también recibe prerrogativas para su operatividad ordinaria y precisamente este tipo de situaciones.
Ahora, en un intento por evitar la crítica de la opinión pública, quiso desviar la atención a que el hecho se presentó en 2020, durante la gestión partidista que encabezó el hoy diputado local Ernesto Prieto Gallardo.
Pero a cinco meses de haber sido renovada la dirigencia, en septiembre del año pasado; uno de los puntos centrales que debieron haber atendido tanto Ramírez Garibay como la presidenta fue la situación legal del partido.
Todo indica que son bueno para recibir recursos públicos, pero no para ejercerlos en bien de sus propios trabajadores.
