La desaparición y homicidio de Jair Martínez generó indignación en Irapuato. Empezando por el dolor que esto le causa a sus familiares y amigos, pero también por la inacción de las autoridades.
Como en muchos otros casos de desaparición, fue la familia de Jair quien hizo la chamba de investigación y se movilizó para decirle a las autoridades dónde habían localizado el celular del joven empresario.
Tras muchas horas, la Fiscalía General del Estado y la policía de Irapuato hicieron un cateo, donde al parecer no habían localizado a Jair… pero al final dijeron que sí y confirmaron su muerte, en condiciones que todavía no quedan claras.
Sin duda una de las controversias más grandes alrededor de este lamentable caso, es el papel de Ricardo Benavides, titular de Seguridad Ciudadana de Irapuato, y a quien la familia de Jair quiere fuera de su cargo.
Lizbeth, hermana de Jair, declaró a MVS Noticias León, que el funcionario municipal les pidió que retiraran todas las publicaciones de redes sociales porque “metían presión”. De ser así, se trataría de algo totalmente inhumano de parte de quien debe vigilar la seguridad de Irapuato.
Jair era un joven querido en el municipio y mucha gente lo conocía, por lo que a la Secretaría no le quedó más que entrarle al tema y hasta emitir un comunicado diciendo que cooperaban para encontrarlo.
Pero aquí, también se generó la molestia de muchas otras familias irapuatenses que buscan a algún familiar y nunca han recibido ni una palabra, ni una muestra de interés de parte de la dependencia.
Ricardo Benavides o quien esté al frente de Seguridad Ciudadana debería tener la misma sensibilidad y trato para todas las familias de desaparecidos y cooperar por igual con todos.
Moteles sin prevención; autoridad sin denuncia
El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro informó que el gobierno municipal ya detectó al menos tres moteles que han hospedado en sus negocios a personas con órdenes de aprehensión por delitos graves, como homicidios.
Los ‘sicarios’ y narcomenudistas parece que tienden a evadir a la policía ocultándose en pequeños negocios como hostales, moteles; algunas veces estableciendo “casas de seguridad” en domicilios en renta, porque saben que ahí no puede llegar con facilidad la policía municipal, según explicó el propio alcalde.
Lo “extraño”, dice el alcalde, es que al preguntarles a los propietarios de estos negocios, desconocen que sus inmuebles fueron utilizados por bandas delictivas, como si tuvieran que pedir cartas de antecedentes penales para rentar un cuarto o una casa. Incluso cuando hay videos que muestran cómo los sospechosos entraron a su establecimiento.
Con frustración y profundo desconocimiento, el presidente municipal se refiere a una ‘ineficaz’ Ley de Extinción de dominio, que permite al Estado hacerse propietario de inmuebles en los que se demuestre que fueron utilizados para la comisión de ciertos delitos.
Pero, ¿de verdad en la puerta cerrada del motel, también termina el campo de acción del municipio?
Es común escuchar a autoridades reconocer que ya tienen identificados los lugares en donde se concentra la actividad ilícita, los patrones de criminalidad de su localidad, e incluso las necesidades de cada zona. Sin embargo, al día siguiente, vuelve a ocurrir un crimen en ese mismo lugar ya identificado. ¿Qué caso tiene presumir estos logros, cuando no se ven acciones de prevención y menos de denuncia?
