El alcohol, el tabaco, el cannabis y otras drogas son malas para la salud, de eso no cabe duda, sus efectos sobre el organismo están de sobra documentados y, lo mejor que podemos hacer es, no tomarlas.
Lamentablemente hay personas que caen en esta adicción y luchan por liberarse, romper por completo con el uso de las drogas no es fácil y da miedo la interrupción brusca.
Familiares y amigos buscan ayudar a estos adictos y consideran un anexo para comenzar un tratamiento, un proceso lento para terminar con esta dependencia.
Sin embargo, lo que podría ser un lugar de esperanza para terminar con las adicciones se convierte en un lugar de riesgo, al ser objeto de ataques armados que cobran la vida de muchos u otros quedan lesionados.
Autoridades de los gobiernos municipales revisan, valoran y autorizan el funcionamiento de este tipo de espacios para ayudar a las personas contra sus adicciones, pero queda ese resquicio, por la falta de protocolos de prevención y seguridad.
Cuántas veces se escucha el ya trillado mensaje las drogas destruyen, pero ahora queda en tela de juicio, si los anexos son para sanar o poner en riesgo la vida.
Defender lo indefendible
No hay peor ciego que el que no quiere ver, o peor terco que quien defiende lo indefendible. Esto le pasa a la diputada local panista Melanie Murillo Chávez, quien salió a justificar que el alcalde capitalino, Alejandro Navarro, haya exhibido fotografías de un recién nacido, en su búsqueda de “likes” o de figurar en las redes.
La diputada local debería tener experiencia en la defensa de los derechos de las infancias, pues justamente hace algunos años fue directora del sistema DIF en Silao, cuando su esposo Juan Roberto Tovar Torres fue alcalde.
Uno podría pensar que esto le ayudó a ser sensible con temas de protección a menores, y que por eso ahora encabeza la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local… pero sus declaraciones para justificar a Navarro, confirman que no es así.
Ella asegura que se trató de una publicación de “carácter informativo” y está bien, la obligación de cualquier funcionario público es informar. Pero existe una gran diferencia entre hacerlo objetivamente y valiéndose del morbo para sumar “me gusta” y “compartidos” en redes sociales.
¿Cómo se le ocurre a la diputada defender a Navarro?
Si de plano no pudo enterarse mientras estuvo en el DIF, ahora le vendría bien saber que existen organizaciones como REDIM o NIMA, que protegen los derechos de las infancias y las adolescencias.
