De acuerdo al recuento hemerográfico que hemos hecho desde Zona Franca, el mes de julio concluyó con 89 homicidios, casi un promedio de 3 muertes dolorosas diarias en León.
Es cierto que no se trata de la cifra más alta de la actual administración, lo que en una primera lectura parecería algo bueno; sin embargo es un número que se acerca al promedio, y eso no es tan bueno.
Esto es, con algunos meses a la baja y con otros a la alza, lo que se nota es que la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, a cargo de Jorge Guillén Rico no ha acertado en una estrategia que signifique una tendencia que garantice la reducción de este delito en particular.
León puede presumir de tener a la policía mejor capacitada, y eso es algo que difícilmente se le puede regatear, pero hay algo muy serio que está faltando, tal vez no en la academia, pero sí en la calle.
Sería grave que la Secretaría de Seguridad normalizara cifras como la del mes pasado y no hiciera caso de las que ha arrojado cada recuento mensual.
Como lo es también que las políticas públicas implementadas por esa dependencias no estén dando los resultados que los y las leonesas desean.
A 14 años del plebiscito, sigue sin protección Bufa
Hace 14 años ocurrió una lucha importante para Guanajuato capital: un grupo de activistas se unieron en contra de un desarrollo inmobiliario en el cerro de La Bufa, consiguiendo organizar un plebiscito que dijo «no» a que continuara. Para evitar una situación similar, los activistas pugnaron porque La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero, fueran declarados como Áreas Naturales Protegidas.
Poco después y con el cambio de administración, algunos de esos activistas ganaron las elecciones y formaron parte del Gobierno Municipal.
Seis años después, la situación actual parecer ser muy similar a la del 2010: activistas siguen pidiendo que La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero sean declaradas como Áreas Naturales Protegidas y un nuevo desarrollo inmobiliario atenta con asentarse en las faldas del cerro.
Pero esta vez el alcalde, Alejandro Navarro, es quien respalda al desarrollo inmobiliario, otorgándole los permisos municipales necesarios para que se lleve a cabo y denostando a los manifestantes y a sus críticos (otrora compañeros de lucha). Esta vez, es también el alcalde quien dice «no» a cambiar el uso de suelo en la zona.
Rogelio Espinosa, del Consejo Ecologista, externa muy bien lo que parece ocurrir: “ahora resulta que no dijeron lo que entonces dijeron y únicamente aprovecharon la circunstancia para llegar a ser la autoridad”.
