Por abrumadora mayoría, los panistas del Estado eligieron a Aldo Márquez y Juana de la Cruz como sus nuevos dirigentes.
La planilla encabezada por esta fórmula transitó sin mayor problema, pues fue la única que se registró.
Sin embargo, el proceso tuvo un “pero”, marcado por la impugnación al mismo de parte de Alejandra “la Wera” Reynoso y Román Cifuentes, quienes siguen en espera que se resuelvan sus recursos.
El tema no es menor, pues lo que está en juego es la batalla que está dando el grupo más radical de la ultraderecha panista por hacerse del poder azul.
De modo que se están enfrentado dos proyectos: uno, el que ganó, sin duda afín a la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo; el otro, precisamente el que se vio desplazado por esa candidatura.
Entre ambos prevalecen serias diferencias, al grado que la operación para resarcir esos resabios no funcionó, lo que llevó al grupo de Reynoso y Cifuentes a apostar muy fuerte: tumbar a Aldo y a Juana, o perder -casi- todo.
El resultado lo sabremos en unas semanas más. De perder Cifuentes, tiene asegurada una sindicatura en el Ayuntamiento que presidirá Ale Gutiérrez a partir del 10 de octubre; la “Wera” seguramente quedará en alguna administración municipal, precisamente de quienes han apoyado este enfrentamiento.
Al tiempo…
Fraudes inmobiliarios
El caso de “Punto Legal” hizo visible una realidad que ocurre bastante en Guanajuato y en donde hay pocas o nulas sanciones: el fraude inmobiliario.
Son centenas de personas y familias las que han perdido hasta millones de pesos por confiar en presuntos agentes inmobiliarios que ofrecen propiedades en remate o terrenos irregulares… todo termina siendo una simulación.
Los diputados locales ya plantean una propuesta de Ley que Regula a los Agentes Inmobiliarios, pero a consideración de algunos sectores como la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), esta iniciativa protege a los asesores y descuida a otros actores involucrados, entre ellos los desarrolladores y los propios compradores.
Es muy importante que exista regulación sobre el tema, pues incluso para poder concretar estos fraudes, es necesario la colaboración de algunas financieras y notarios, que seguramente hasta se llevan su tajada, proveniente de los ahorros de las víctimas.
En el caso de las más de 350 víctimas de “Punto Legal”, todavía no encuentran justicia tras casi 5 años de que se interpuso la primera denuncia. Y la cosa se pone más turbia, al considerar que dos de sus abogados fueron asesinados.
