Hasta hace algunos años, el delito de extorsión no era común en Guanajuato: se daban pocos casos y casi ninguna denuncia. Pero de un tiempo a la fecha, ha crecido tanto que la entidad ya está en el tercer lugar nacional.
En 2023 se denunciaron 801 casos en Guanajuato, pero se estima que sólo 2 de cada 100 casos se denuncian, es decir, el delito de extorsión se ha vuelto sumamente común aunque sea en una estadística de cifra negra.
Se ha propuesto incrementar las penas para este delito, y que por sí mismo, ya amerite prisión preventiva, pero ¿de verdad funciona siempre encaminar las estrategias de prevención del delito a un tema punitivo?
Antes de incrementar las penas, sería bueno generar estrategias de prevención efectivas, más allá del “cuelga y denuncia”; pues muchos de los casos que ahora se presentan ya no se realizan de manera remota, sino con personas que amenazan de manera directa.
Además de las estrategias de prevención, sería urgente que las autoridades ganen la confianza de los ciudadanos, para que ellos en efecto se acerquen a denunciar y no sigan quedando los casos en algo que todos saben, pero nadie acude ante el Ministerio Público.
Y ya, después de eso, tal vez sí sería útil que la gente denunciada por extorsión pueda cumplir un buen periodo en prisión, pero para eso, antes se necesita que las personas denuncien y que las autoridades detengan a quienes cometen ese delito.
El Ayuntamiento de Celaya contrata quien haga su trabajo
El gobierno de Celaya ha anunciado que pagará una suma de alrededor de 750 mil pesos para que un despacho consultor le haga el Plan de Gobierno.
Esto es, no bastó estar en campaña y recoger las peticiones de la sociedad celayense; tampoco el conocimiento que cada uno de los y las ediles, empezando por el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, tiene sobre el municipio que gobiernan; tampoco el periodo de transición, entre el dos de junio, que ganaron la elección y el 10 de octubre que tomaron posesión, para conocer la problemática de Celaya.
Ahora resulta que los miembros del Ayuntamiento y el equipo del alcalde necesitan contratar a un despacho externo que les diga cómo es que se debe gobernar el municipio.
Este despropósito ocurre además en uno de los municipios que padece una seria crisis de recursos, ante la desvalijada que le dió la administración anterior.
Es muy probable que los gobiernos municipales deban de contratar estudios especiales, sin embargo el Plan de Gobierno debe ser una obligación del alcalde, el Ayuntamiento y el equipo administrativo.
Deberían recordar que los y las celayenses, al otorgarles el voto en las pasadas elecciones, en realidad los contrataron para gobernar, y ahora resulta que esos que ganaron reconocen de manera expresa que no tienen un plan para hacerlo.
En resumen: ¿Para qué fue a la elección Juan Miguel Ramírez Sánchez, si necesita de alguien que le diga cómo hacer su trabajo?
