Tras años de incertidumbre y negociaciones estériles con Andrés Manuel López Obrador; ayer el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum dio certeza en un proyecto de agua para Guanajuato.
La federación y la Conagua anunciaron la construcción de un acueducto que conectará La Presa Solís con León, de tal manera que llevará agua a municipios del corredor industrial como Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y obviamente León.
Así, podrá transportar 4 mil litros de agua por segundo y beneficiará a cerca de 2 millones de habitantes. Además de que se prevé como una solución a largo plazo a los problemas de estrés hídrico.
A la par se tecnificarán 200 mil hectáreas de riego, lo cual se proyecta benéfico, aunque algunos productores agrícolas teman perder líquido y que este sea redirigido al consumo humano.
Esta es una gran noticia para Guanajuato y también una muestra de que al fin se ha podido concretar el trabajo conjunto entre Estado y federación; que al menos permite pensar que habrá la voluntad de tener entendimiento pese a ser de distintas fuerzas políticas.
El Congreso del Estado continúa con la subcontratación laboral
Ayer, el Partido Acción Nacional y sus aliados, entre ellos el Verde, aprobaron continuar subcontratando los servicios de limpieza y seguridad de sus instalaciones.
Para ello contratarán -eso sí, a través de una supuesta licitación– a empresas que se dedican a prestar esos servicios, a partir de personal que las mismas contratan directamente, y cuyas condiciones laborales se desconocen.
Las razones para no detener ese proceso fueron básicamente dos: la primera expresada por los propios panistas, en el sentido de que no hay disposición legal que permitiera cancelar, o si quiera suspender el seguimiento de la licitación.
El otro argumento lo dio Sergio Contreras, el líder y diputado del Partido Verde, quien dijo que se requería un estudio que justificara la contratación directa de las y los empleados de seguridad y limpieza.
Las respuestas de ambos grupos llaman la atención, pues lo primero que habría que haberse planteado era la conveniencia de tal licitación, esto es, un momento de reflexión anterior a la licitación misma.
Esto hubiera llevado a analizar si la contratación convenía, no sólo al Congreso, ni a las empresas contratables, sino principalmente a las y los trabajadores, pues se trata de personas que prestan un servicio al Poder Legislativo y éste es corresponsable de las condiciones laborales de ellos y ellas.
Así, argumentar, como lo hizo Sergio Contreras, de que se requería un estudio previo para justificar la basificación de esos trabajadores, es cierto, pero correspondía a los y las diputadas hacerlo, y su omisión no justifica que continúe un esquema laboral rebasado, y sobre todo desenmascarado por el gobierno federal, que desde la administración anterior puso la mira en ello.
Lamentablemente los esfuerzos para asegurar que los y las trabajadoras no se vean afectadas por prácticas empresariales mañosas, no lograron verse reflejadas en la decisión que tomó ayer el Congreso del Estado, y una vez más el Verde fue el aliado panista, que en Guanajuato va en contradicción con las políticas públicas que aprueba en lo federal.
