El 25 de cada mes se conmemora el día naranja, para movilizar a los gobiernos y la sociedad, en generar acciones para prevenir la violencia contra mujeres y niñas.
Y aunque el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, es el 25 de noviembre, los días naranjas deberían invitar a la reflexión diaria, pues las cifras a nivel global reflejan pocos avances respecto a la eliminación de la violencia contra las mujeres.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 60 por ciento de las mujeres que fueron asesinadas intencionalmente en 2023, fueron víctimas de feminicidio por parte de sus parejas sentimentales (o exparejas) o de un integrante de su familia.
Además, en México se reportaron de 10 millones de mujeres adolescentes y jóvenes que fueron víctimas de ciberacoso, un tipo de violencia que ha ido en incremento a la par del crecimiento de las redes sociales y el uso del internet.
En la mayoría de la información que se compartió durante el 25 de noviembre, refieren cifras de feminicidios y violencia doméstica, pero poco se habla de las demás violencias que existen y que son igual de lastimosas tanto para mujeres, por como para niñas y adolescentes: Violencia física, psicológica, sexual, feminicida, familiar, digital, mediática, económica, vicaria, obstétrica, institucional, laboral, patrimonial, política de género, entre otras.
El incremento de la violencia contra las mujeres, debería ser motivo suficiente para que todos los días, más allá de un color, una fecha o una conmemoración, se reflexione y se tomen acciones para erradicar y prevenir la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.
Rocío Cervantes y la retórica de los precios de garantía
La diputada priista Rocío Cervantes tal vez haya pretendido criticar la implementación de precios de garantía para varios productos del campo mexicano, pero acabó haciéndose bolas, o al menos así pareció.
Tiene razón en decir que el hecho de que se establézcanos precios de garantía, no necesariamente genera una remuneración justa para los agricultores por sus productos.
Pero olvidó que ello se debe a que tales precios son el mínimo que se deberá pagar por tales productos, por tanto no se trata de las cantidades deseables, sino de buscar que a partir de esos montos se puedan comercializar a mayor valor.
La diputada Cervantes reprochó que no se hiciera una evaluación real antes incrementar los precios de garantía.
Sin embargo nada evita que ya garantizados los precios mínimos, se haga tal estudio, si es que efectivamente no se ha hecho, o que se complemente por parte de Estado o incluso desde el Legislativo y se dote de más y mejores garantías a los productores.
Sin embargo, el exhorto hecho por la diputada María del Pilar Gómez Enríquez, y al que se sumó la priista Cervantes, no propone ni hacer ese estudio, ni que alguna entidad estatal lo haga.
Así, la supuesta preocupación y reclamo por los precios de garantía quedó en algo menos que mera retórica.
