Las industrias tradicionales se están viendo cada vez más afectadas en Guanajuato. Aunque generalmente el cierre de año suele ser benéfico, este diciembre seguramente cerrará con pérdidas para el sector calzado y el sector vestido.
Ambos sectores se están viendo gravemente afectados por la importación de mercancía asiática, especialmente aquella que puede ser comprada a través de plataformas digitales como Shein, Temu, entre otras.
Y aunque han solicitado enérgicamente a las autoridades federales que garanticen un entorno de “competencia pareja” y pongan mayores candidatos a las importaciones, la verdad es que siguen siendo ignorados.
Son duros golpes para los empresarios, pero también para muchas familias que trabajan y subsisten gracias a estos sectores que antes eran los pilares de la economía local.
Dice el dicho que a dios rogando y con el mazo dando, y es justamente lo que algunos ya han intentado hacer, vendiendo sus mercancías en algunas plataformas digitales o innovando en estilo, diseño, etc.
Aun así, esto no alcanza para levantar las ventas y parece ser que por desgracia, los consumidores están prefiriendo destinar sus aguinaldos a las compras en plataforma y no a las empresas locales.
¿Condecorar la normalidad?
De entre todas las empresas leonesas, sólo 76 generan oportunidades laborales para personas con alguna discapacidad.
Esto quiere decir que de las 130, que el propio DIF municipal reconoce dentro de la Red de Empresas Incluyentes, sólo el 58 por ciento resultaron realmente incluyentes.
Lo que debería ser una condición normal, que permita a todos y todas podernos desempeñar, de acuerdo a nuestras capacidades, minimizando nuestras discapacidades, acaba siendo una suerte de favor de algunas empresas.
No pretendemos restar méritos a las empresas que no tienen problema alguno para facilitar que personas con alguna discapacidad sean parte de sus recursos humanos; pero sí señalar lo que parece una política pública equivocada.
Ese error empieza por crear una supuesta red de empresas incluyentes, cuando ni siquiera quienes integran ese colectivo son capaces de comprometerse a serlo.
Pero no sólo eso, a quienes sí resultan incluyentes, o sea a quienes actúan como debe ser cualquier empresa con los estándares mínimos de responsabilidad social, el DIF municipal decide “condecorarlas”.
Insistimos, visibilizar a quienes cumplen es bueno; pero sería mejor si también sucede con aquellas empresas que no lo hacen, incluso a pesar de estar en una red supuestamente comprometida a ello.
Si a ello agregamos que la meta establecida por el DIF es llegar a generar 150 plazas para personas con discapacidad bajo este esquema, pues entonces hay que decir que la vara está de verdad muy baja.
Si sólo se va a premiar la normalidad, sin visibilizar la falta de compromiso y el incumplimiento empresarial, entonces nada estará cambiando en beneficio de la sociedad.
