El gobierno de Libia Dennise no llega aún a los 100 días, ese plazo arbitrario que muchos análisis toman como referencia para empezar a evaluar el arranque de las nuevas prácticas políticas.
De hecho, en materia de procuración de justicia, ni siquiera se ha terminado de ir el fiscal Carlos Zamarripa, quien desde la llegada de la gobernadora, anunció su renuncia y sus condiciones. A pesar de que sus condiciones se cumplieron, aún queda todo el mes de diciembre para que se actualice su salida.
Así pues, buena parte de la estrategia de seguridad no se ha podido llevar a cabo como se quisiera, simplemente por la herencia dejada por el exsecretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca y por la aún presencia del todo poderoso fiscal estatal.
Con ese bagaje, Guanajuato sigue siendo el estado que lidera el número de masacres en el país, con 69 hasta noviembre.
El dato es muy grave, si consideramos, que de acuerdo al recuento que hace la organización Causa en Común, en 2022 hubo 46 de estos eventos y el año pasado 57.
Esto muestra aun incremento notable, parte de una tendencia que no será fácil que empiece a bajar, y que da una idea muy clara de cómo dejaron las condiciones de inseguridad, Alvar que ya se fue y Zamarripa que aún, y a pesar de estos resultados, sigue siendo parte de un gabinete en el que evidentemente estorba.
Combate conjunto
La zona Laja-Bajío tiene al menos seis años siendo la más peligrosa en Guanajuato. Basta recordar que en 2018, se volvió común que se suscitaran bloqueos carreteros con automóviles incendiados, cada que había enfrentamientos con el cártel de la región.
En los días recientes, Celaya ha continuado siendo escenario de ataques y homicidios violentos en lugares muy públicos o a plena luz del día, pero también en Apaseo el Grande se suscitó una masacre en donde 9 personas, incluyendo dos bomberos, fueron asesinados en un lugar comercial conocido como “El Trébol”.
Pareciera que con los nuevos gobiernos hay una atención más oportuna a estos hechos violentos.
De manera casi oportuna, autoridades de los tres niveles de gobierno, sostuvieron una reunión en la que acordaron la presencia de 300 elementos federales en la zona, mismos que serán apoyados por policías estatales y que además, formarán parte de una estrategia que pinta ser “robusta” pues involucra también acciones de parte de autoridades municipales, como la fiscalización de bares y lugares de venta de alcohol.
Estas acciones demuestran una buena disposición de las autoridades en coordinarse, más allá de los colores o intereses políticos; además de que ahora se tiene una manera más efectiva de comunicar que se le hará frente a la inseguridad.
Por lo pronto, son buenas intenciones y un buen inicio. Ojalá que los resultados sean positivos.
