La llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos trajo, en tan sólo unas horas, cambios significativos en la política internacional, mismos que afectan de manera directa a medio millón de guanajuatenses, que están en riesgo de ser deportados.
De manera particular, la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha resaltado el impacto que las medidas migratorias impuestas por Trump pueden tener en las mujeres.
Se estima que el 44 por ciento de los mexicanos que serán deportados son mujeres y ellas viven una violencia significativamene mayor a la de los hombres, pues incluso hay registros de casos de tortura sexual, con el argumento de que las autoridades aduanales deben revisarlas.
Pero también muchas mujeres que viven en Estados Unidos y que están en riesgo de la deportación masiva, tienen hijos e hijas que podrían quedarse en aquel país. Basta recordar que durante la pasada gestión de Trump, muchas familias fueron separadas y esto generó muchísimas recomendaciones de parte de organismos de protección de los derechos humanos.
A eso, hay que sumar los casos de muchas mujeres mexicanas y centroamericanas que deciden ir en búsqueda del sueño americano y que en su travesía de cruzar, sufren de violencia económica y hasta sexual de parte de autoridades mexicanas.
Viene mucha incertidumbre y angustia para los migrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal y hará falta revisar cómo es que las autoridades mexicanas, de todos los órdenes de gobierno, pueden ayudar a garantizar la protección de los connacionales.
Los poderes Judicial y Legislativo en otra realidad
Tan sólo en el último trimestre, que corresponde al arranque del segundo período de gobierno de la alcaldesa leonesa, Alejandra Gutiérrez, el Instituto Municipal de las Mujeres ha reportado que casi una tercera parte de sus atenciones se ha enfocado en problemas legales, como son litigar pensiones alimentarias y pérdidas de patria potestad.
Estas dos figuras legales son esenciales en la lucha de las familias monoparentales a cargo de mujeres.
Lamentablemente, muchos de estos conflictos, si no es que todos, se topan con la enorme lentitud y anacronismo del Poder Judicial, que ayer mismo consignamos en esta columna.
Pero también se enfrentan con un sistema jurídico cuya estructura permite la evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias de los padres, así como que dificulta la lucha por la patria potestad.
Lo grave es que el Poder Judicial ha sido incapaz de plantear reformas sustanciales que sean más acordes a esta realidad, que lo rebasó hace muchos años, sin que siquiera se hayan dado cuenta los y las magistradas que lo integran.
No sólo eso, también la realidad superó la capacidad del Congreso del Estado, cuyos diputados y diputadas han sido insensibles para analizar estas figuras, y de verdad hacer las reformas que permitan la agilidad y certeza en el reclamo de estos derechos.