Tuvieron que pasar cinco meses para que la Universidad de Guanajuato tomara la decisión de demoler parcialmente el edificio de la Escuela de Nivel Medio Superior del Centro Histórico, basándose en el dictamen técnico del daño estructural tras el incendio ocurrido en noviembre del 2024.
Ya hay una certeza en medio de un montón de dudas a las que todavía la UG no da respuesta: ¿Cuándo inicia la obra y cuánto tiempo durará? ¿Los alumnos volverán pronto, en su totalidad, a clases presenciales? ¿Qué pasará el siguiente semestre? ¿El próximo proceso de admisión se prevé cabida para el número de alumnos que normalmente acepta la preparatoria?
Las autoridades universitarias no han dado respuesta a todas las dudas que surgieron tras el anuncio; causando malestar y dejando crecer la incertidumbre entre los alumnos, aspirantes a alumnos y padres de familia.
Según reportó Zona Franca, algunos padres de familia están considerando ya no reinscribir a sus hijos al próximo semestre, mientras que algunos jóvenes que esperaban ingresar en el siguiente ciclo, han decidido ya no aspirar.
La UG tiene muy poquito tiempo para resolver estas y otras dudas y así alentar o no a sus estudiantes a que se queden siendo parte de la matrícula.
Para quienes querían ingresar a la preparatoria, ahora se lo están pensando, pues el examen de admisión se realizará el próximo 30 de mayo y al comprar la ficha, se acepta que no podrá solicitarse cambio a otro campus, por lo que queda descartada la idea de que entren al plantel San Miguel.
Es una tristeza que un accidente y el retraso en los peritajes pueda provocar que disminuya la matrícula de la UG, pero también, que pudiera a privar a muchos jóvenes de la enriquecedora experiencia de tener una educación de calidad y de formar parte de “La Colmena”.
Una ley para legislar a tiempo
Diputados y diputadas de todas las fuerzas han coincidido en la necesidad de crear una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, en la búsqueda, según dicen, de evitar el enorme rezago que tienen en la dictaminación de leyes.
Hace unos días, en este mismo espacio criticamos que hubiera 508 iniciativas esperando siquiera ser analizadas por las comisiones correspondientes.
Bueno, pues en el Congreso local han estado preocupados por encontrar los mecanismos que permitan abatir ese rezago. Incluso ha sido tema de debates en tribuna.
La respuesta a todo ello pretende ser, según las y los propios diputados, hacer una nueva ley orgánica, que les establezca plazos y lineamientos claros para agilizar la discusión de las iniciativas.
La idea no es mala, se debe de legislar con mayor rapidez y oportunidad, la duda es que la creación de una ley sea la solución, y más si la dictaminación de ella tiene que pasar por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Recordemos que esa misma Comisión y todo este Congreso Local no han cumplido con legislar, entre otras cosas, con la reforma al poder judicial, para la cual tenían lineamientos y tiempos muy claros marcados por la Constitución Federal.
Si los y las diputadas no han sido capaces de cumplir con lo ordenado por la Constitución Federal ¿algo impedirá que violen su ley orgánica?
No todas las respuestas están en el texto de una ley; algunas están en la simple disposición de ponerse a trabajar.
