Celaya ha sido considerada entre el Top 5 de las ciudades más inseguras de todo el mundo, pero en este 2025, las autoridades tienen buenas noticias: los homicidios se han reducido en un 25 por ciento en comparación al primer trimestre del año anterior.
Según cifras presentadas por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Huitrón, cuando inició la actual administración en octubre del 2024, se registraban en promedio tres homicidios por día, ahora el promedio es de 0.4 diarios, lo que según las autoridades representa una disminución del 75 por ciento en tan sólo unos meses.
¿Será que la estrategia de Huitrón está dando resultados o se trata de una tendencia nacional que por fin ya alcanzó a Guanajuato, y por tanto a Celaya?
Es cierto que los homicidios han ido a la baja, las estadísticas lo comprueban, pero son esas mismas estadísticas las que hacen ver que otros delitos como los robos a vehículos y robo a transporte van a la alza.
La estrategia de seguridad debería ser integral y permitir que todos los delitos vayan a la baja, no solamente algunos, o la percepción de seguridad no podrá mejorar de manera efectiva.
La impunidad de los deudores alimentarios
Según algunos datos, el Estado de Guanajuato aporta, aproximadamente el 10 por ciento de los deudores alimentarios de todo el país.
El porcentaje es altísimo, si consideramos que la entidad representa alrededor del 5 por ciento de ciento de la población nacional.
Seguramente hay otros mucho datos que considerar y estas cifras parecen superficiales, pero no lo son. Por ejemplo, a decir de la diputada emecista Sandra Pedroza Orozco, de 40 mil juicios que se han presentado desde 2021, solo hay 75 inscripciones en el padrón de deudores de alimentos.
No es casual que el dato sea tan alto, si consideramos las enormes lagunas legislativas y los problemas reales que implica cobrar una pensión por alimentos.
Pero más allá de los porcentajes, cualquier número de pensiones que se estén dejando de pagar deberían de prender las alarmas de todas las autoridades, pues cada una de ellas afecta los derechos fundamentales de nuestras infancias.
Y es que nuestras leyes limitan a los deudores alimentarios a acceder a cargos de elección popular, para lo cual varios de ellos se las ingenian para alargar juicios y no tener una sentencia condenatoria antes de las elecciones respectivas, pero sólo eso y unas cuantas cosas más.
¿No será que los propios políticos impiden tener una buena y práctica legislación en materia de deudores alimentarios, para evitar que eso les impida ser candidatos?
