Este fin de semana llegó a su fin la administración municipal 2018-2021 encabezada por el alcalde Héctor López Santillana, pero no se fue sin antes dejar algunas deudas (no monetarias) a la ahora alcaldesa Alejandra Gutiérrez.
En materia de seguridad basta con recordar las metas que él mismo propuso y no cumplió.
Por ejemplo, el tema de tener 2 mil 700 policías no se realizó y solo se llegó a 2 mil 200 aproximadamente, además que no lograron tener dos uniformes, pues el Comité de Adquisiciones declaró desierta la licitación más de una vez, lo que atrasó los tiempos.
Otra promesa fue la de tener drones y a pesar que el recurso fue aprobado en Comisión de Gobierno, es fecha que se desconoce cuándo se realizará la compra. Más allá del tema de seguridad, hubo promesas de campaña que jamás se vieron realizadas, como aquella de tener un autobús escolar para disminuir el tráfico de la ciudad, el cual nunca se consolidó.
Y ni se diga del problema de El Zapotillo, que a pesar de también ser un tema federal y estatal, no se logró solucionar y por el momento no hay un plan concreto para que la ciudad tenga garantizado a mediano plazo el abastecimiento de agua.
Otra deuda que dejó fue indudablemente el número de homicidios dolosos, que durante todo su trienio no logró disminuir por más que en sus múltiples declaraciones argumentara que era un problema por venta y consumo de drogas y en las últimas ocasiones señaló que era por el incremento de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército de manera ilegal.
De las principales deudas que dejó López Santillana ahora las carga la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, al ratificar al secretario de seguridad, Mario Bravo, de quien por más que ha intentando defenderlo y decir que las cifras hablan por sí solas, los números dicen otra cosa, así como la percepción de inseguridad en la ciudadanía y los múltiples homicidios que día con día se dan en la ciudad.
Por si faltara poco, el último gran desaseo ocurrió en los últimos días de la administración, al decidir vender parte de un terreno que pertenecía a un kínder, olvidando aquello del bien común, con tal de beneficiar a un particular.
Llamadas a misa…
El reelecto alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, desafía no solo a los expertos, también a la autoridad federal.
Navarro se erige, no como el custodio de los cuerpos áridos que conforman el Museo de las Momias, sino como su dueño, pudiéndolas llevar a donde quiera y hacer con ellas lo que le plazca, sin importar que ponga en riesgo la integridad de esos cadáveres, así como la dignidad de las personas que alguna vez fueron y el patrimonio que significan para el municipio.
El desdén hacia las recomendaciones hechas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es por demás grave, pues se trata de la opinión hecha por algunos de los mejores expertos que tiene nuestro país en el tema.
Obviamente sin olvidar que el INAH es la autoridad federal encargada del patrimonio arqueológico e histórico del país, y a la que el presidente de la Republica pidió revisar la manera en que se han custodiado y se pretenden custodiar esos cuerpos.
Creer que esos dictámenes son “como las llamadas a misa”, y que por tanto es opcional atenderlas, resume la versión panista de aquella frase de López Obrador, cuando dijo: “al diablo con sus instituciones”.
Lo más patético es cuando esas autoridades, como Alejandro Navarro, son las que luego exigen y reclaman la coordinación con la federación.
