Una serie de irregularidades en los procedimientos de la Secretaría de Seguridad Pública de León podrían haber conducido a la desaparición de Dulce, una niña de apenas 12 años.
Dulce fue detenida el pasado 16 de octubre en la colonia Cumbres la Gloria cuando, acompañada por una vecina, portaban un cuchillo en vía pública… pero, ¿qué protocolos aplica la policía municipal en la detención de menores de edad por faltas administrativas? ¿Debieron acudir con los padres de estas menores o de alguna forma garantizar su seguridad mediante figuras como trabajadoras sociales?
La menor fue llevada a Cepol donde en los juzgados cívicos se determinaron 12 horas de arresto, pero cuando la mamá de Dulce llegó por ella, ya no estaba y desde entonces está desaparecida.
¿No debieron las autoridades tenerla en resguardo hasta que algún familiar pasara por ella para garantizar su seguridad?
Las autoridades municipales dicen que pedirán intervención de la Contraloría Municipal para revisar responsabilidades que pueden ser administrativas o penales, pero ¿cuál es esta utilidad si Dulce sigue desaparecida?
Ahora habrá que esperar a ver de qué manera las autoridades colaborarán en la localización de esta niña.
Navarro a privatizar la calle
Finalmente se aprobó en el Congreso la propuesta de Alejandro Navarro y su Ayuntamiento para cobrar el estacionamiento en la vía pública de la capital del Estado.
Lejana, si no es que contraria, de cualquier programa de movilidad, la ocurrencia de Navarro no tiene otra justificación que la recaudación. Se trata pues, de sacar dinero de donde sea, aunque con ello se lastime más la economía de la población y de los visitantes de la capital.
El estacionamiento en la vía pública de la zona centro de la ciudad de Guanajuato se había convertido en la alternativa para no tener que pagar los altos costos de los estacionamientos que maneja el ISSEG y que llegan a cobrar hasta 18 pesos por hora.
Dejar el carro en la vía pública conlleva los riesgos de los cristalazos y los robos, ante la escasa o nula vigilancia de esos lugares por parte de la autoridad municipal.
Ahora, además de la inseguridad, aquellos que usen la vía pública como estacionamiento tendrán que pagar por un espacio que les ha arrebatado el Ayuntamiento.
