El PAN en Guanajuato se ha visto lento en quitarle los derechos como militante a Jorge Romero, quien es acusado de violentar sexualmente a dos mujeres, y quien se quedó como diputado electo en una curul federal.
El silencio de esta institución es lamentable, y deja en evidencia la poca sensibilidad que se tiene de este caso.
Sin embargo, la única acción que ha emprendido este partido político se queda corto con la absurda defensa que pretende obtener de la CNDH el acusado.
No conforme con la reclasificación de este delito, para que enfrente el proceso en libertad, la defensa efectúa un movimiento que parece moralmente incorrecto, al querer colocar al supuesto victimario en la víctima.
Sin duda un caso como este, el cual ha trascendido nacionalmente debe aclararse con justicia, sin impunidad, con la verdad y sin los privilegios políticos que puedan entrelazarse.
La niña no se ahogó pero hay que tapar el pozo
La metida de pata de los policías y jueces cívicos que detuvieron, remitieron, procesaron y liberaron a Dulce Melissa, niña de 12 años que tras ser liberada permaneció 2 meses extraviada, finalmente quedó en un susto para la familia de la niña (y para las autoridades), ¡Pero! que la niña no se haya ahogado no significa que el pozo deba seguir abierto y esto lo señalan bien integrantes de colectivos de búsqueda quienes exigen que se tomen medidas al respecto al menos desde la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Este es uno de los casos de los casos que terminan con una familia reunida, pero dejó ver muchas y graves deficiencias que tiene el sistema policial de León y sobre las cuales hay que trabajar de manera urgente porque la próxima puede no correr con tanta suerte.
La evidente falta de protocolos en la Policía de León se extendió hasta el interior de la delegación en la que estuvo detenida Dulce Melissa. En toda la cadena de custodia, ninguno de los elementos, ni por lógica, se percató de que era una menor y que había que velar por su seguridad en lugar de criminalizarla.
Es cierto, apareció con vida ¡y qué bueno!, pero la autoridad cometió una falta grave, se violaron derechos de la menor e incluso todavía se victimiza a la familia por vivir en condiciones de pobreza por lo que integrantes de colectivos de búsqueda -los cuales ayudaron a su localización- hacen patente la necesidad de que el caso sí sea retomado por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado y de ser posible por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El viernes el titular de este organismo en Guanajuato Vicente Esqueda Méndez, mencionó que aunque se tomara de oficio la familia tendría que ir a ratificar la denuncia esto no significaría que la ratificación sea indispensable para que la Prodheg de seguimiento, aunque sí le daría mayor peso al asunto.
Ojalá la intervención del ombudsman en el asunto ejerza la presión suficiente en la autoridad municipal para que tome en serio el tema y atienda las serias deficiencias de criterio que evidenció el personal de Seguridad Pública.
