Aunque existen protocolos para prevenir y atender casos de abuso y violencia sexual en el entorno escolar, para la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) solo están en papel.
Los dos últimos casos reportados en dos prescolares distintos en Silao, han evidenciado las negligencia institucional. Los docentes agresores se sienten respaldados por la institución y el sindicato.
Muchas docentes incluso le externaron a las madres de familia que a ellas solo las suspendía la SEG, o que simplemente no les pasaría nada.
Ellas se saben impunes, es por eso que se lo externaron a las maestras.
Lo cierto es que hay un tema de fondo que la SEG debe de resolver de cara al regreso a clases presenciales, sobre todo para prevenir estos lamentables casos que se acumulan en el traspatio de la burocracia educativa.
Aplazar el acoso y hostigamiento
El que cualquier persona manifieste su preferencia sexual, no debería ser motivo para que en ningún espacio sea discriminada y hostigada, mucho menos en el área laboral, donde las personas pasan la mitad de su día.
Tal es el caso de lo que ha vivido una servidora pública que labora en la Dirección de Comercio y Consumo con el subdirector de área, porque aunque su denuncia está ante la Contraloría Municipal, la propia dependencia aplazó la audiencia del presunto inculpado.
El motivo de que la fecha se aplazara es porque el funcionario se fue de vacaciones, pero quien parece estar de vacaciones es la promesa que hizo la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, de no permitir en su administración a los acosadores.
Aunque se ha dado de baja a funcionarios por ser denunciados por acoso sexual u hostigamiento, la justicia es selectiva cuando se trata casos de discriminación, o cuando se trata de servidores públicos que por algún motivo desconocido siguen en su puesto.
Este caso no es el único que la Contraloría tiene de esta dependencia por acoso sexual; sin embargo, no hay sanciones, no hay remociones de puesto de los superiores jerárquicos y mucho menos hay bajas, todo ello bajo el argumento de que la Ley de Responsabilidades Administrativas sanciona el acoso como una falta de respeto, o de que la investigación sigue su curso, o que el funcionario tomará vacaciones y se aplaza la audiencia.
Lo único que parece aplazarse, es la mano dura que la alcaldesa prometió contra los acosadores.
