Tanto a nivel nacional con más de 106 mil desaparecidos y a nivel estatal con más de 3 mil 500 personas, la gravedad de la situación no permite escatimar recursos para las comisiones de búsqueda y todas las autoridades que deberían de estar buscando e identificando a las víctimas.
Lo anterior describe perfectamente el contexto en el que se reveló que la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato reintegró 9.6 millones de pesos de recursos federales en dos años, cuando el recurso es necesario para la búsqueda de personas desaparecidas.
Por ello, la demanda de transparencia que hizo Fabrizio Larusso, académico de la Universidad Iberoamericana e integrante de la Plataforma por la Paz, es más que plausible, pues en verdad la CEB necesita más recursos estatales y una mayor estructura.
Por eso sorprende el subejercicio de la CEB, ya que se ha señalado que está subfinanciada desde el propio gobierno estatal, mermando su capacidad operativa y dispersión territorial para hacer análisis de contexto. Para lograrlo no hay otra manera que aprovechando cualquier recurso.
Cabe destacar que el recurso estatal debería aumentar respecto a la gravedad de la situación, misma que se dimensiona con casi mil cuerpos sin identificar y más de 3 mil 500 personas desaparecidas que va agregando a más víctimas cada día.
Sin lugar a dudas, hay una gran falla pues la situación requiere de un gran esfuerzo para aprovechar al máximo de presupuesto federal, pero del estado ha sido pobre para cumplir con todas sus atribuciones.
El buen juez por su casa empieza
Este fin de semana, una joven transgénero tomó coraje para denunciar la discrimación que vivió en el Grill, un antro de Guanajuato capital. Su testimonio se volvió mediático hasta ser de conocimiento del alcalde, Alejandro Navarro.
Unos días después, el alcalde panista tomó postura en Facebook y Twitter. Reconoció la discriminación que vivió Amy y aseguró que sancionarán al antro.
“Les pediremos que todo el personal tome un curso sobre no discriminación y diversidad sexual, estaré muy al pendiente y seguiremos trabajando por ser una ciudad incluyente” termina de escribir.
Si bien, es muy relevante que un alcalde legitime que se cometió discriminación contra la joven, sobre todo en una actualidad sumamente violenta y “escéptica” en reconocer los derechos humanos de las personas trans, Alejandro Navarro no ha dado, ni de cerca, la misma atención a Kaheli, quien es también una mujer transgénero discriminada y despedida en su propia administración.
La diferencia en cómo se atienden ambos casos es lamentablemente evidente. Cuando Kaheli, en 2019 acusó discriminación, Alejandro Navarro no escuchó su testimonio, pese a ella pedirlo. En lugar de reconocer la discrimación, la negó.
El caso de Kaheli hubiera continuado cómodamente en la sombra, hasta que tres años después, que reconoce la Procuraduría de Derechos Humanos lo evidente, es que lo “desempolvan” y se atiende el caso con impasibilidad y flexibilidad, como si no se tratara de una violación a derechos humanos. Rindiéndole cuentas a la Procuraduría y no a Kaheli.
La dureza y rapidez de acción contra el Grill, no es la misma que se dio a quienes cometieron discrimación en la administración. Hasta la fecha y pese a lo dictado por la Procuraduría, el director que despidió a Kaheli, Juan Carlos Delgado Zárate, se resiste a admitir que cometió discrimación. A quien encargó el alcalde de dar cumplimiento al documento de la Procuraduría, es a la Secretaria de Ayuntamiento, quien es hermana del director. Cuestionado, Alejandro Navarro, niega que haya conflicto de interés.
“El buen juez por su casa empieza”, dicen. Es de celebrarse que se respalde a Amy, pero ¿por qué no es igual con Kaheli? ¿Con qué autoridad el alcalde puede exigirle cuentas al Grill, cuando no demuestra la misma justicia en casa?
