En días pasados consignamos que Miguel Salim, el coordinador de los diputados federales panistas por Guanajuato, se había manifestado en contra del pretendido incremento a la tarifa del transporte público leonés.
También comentamos que Salim lo hizo desde el seno del panismo estatal, en una conferencia de prensa encabezada por el líder estatal de los albiazules, Aldo Márquez.
Con ello, queremos insistir que en política nada es casual y todas las formas son fondo, como lo dijo alguna vez Reyes Heroles.
Bueno, pues ahora tocó el turno de opinar a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien se desmarcó de la decisión, recordando que corresponde al Ayuntamiento leonés resolverlo y confiando en que la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, velará por los intereses de las personas a las que gobierna.
Con esto, queda claro que nadie dentro del panismo, salvo ese grupo en torno de la propia Alejandra, está dispuesto a cargar con el costo político de lo que suponen son acuerdos entre la alcaldesa y los concesionarios.
Y aunque la presidenta municipal ha dicho que decidir sobre el posible incremento se da en un contexto en el que ella está resolviendo cuestiones que antes (o sea los otros panistas que gobernaron León) no lo hacían.
Ale seguramente tendrá los votos para resolver el tema, tanto en la Comisión Mixta, como en el Ayuntamiento, y lo hará con la premura y la opacidad anunciada por el síndico Román Cifuentes, pero de incrementar el transporte público, no sólo ahondarán la crisis de su partido, sino habrán perdido la oportunidad de atender a los sectores más vulnerables de su sociedad, como lo ha pedido la gobernadora.
El futuro de la FGE entre tiempos y contratiempos
Ante la inminente salida de Carlos Zamarripa Aguirre de la Fiscalía General del Estado, un clamor de la oposición en la entidad desde hace varios años, ha dejado en evidencia que el Congreso local no está preparado para elegir a la o el próximo titular del órgano procurador de justicia.
Después de quince años y con una nada sorpresiva renuncia de Carlos Zamarripa, en el Congreso local ha entrado en conflicto por la elección de quien llevará el liderazgo de la institución más polémica y criticada del estado.
Este miércoles, Morena llevó a la Junta de Gobierno y Coordinación política el tema de la ruta a seguir para elegir al fiscal, para lo cual legalmente tienen, periodo de 20 días tras la salida de Zamarripa Aguirre.
La pugna ha empezado tan solo en discernir cuál será el método para la selección, el PAN y el PRI han apostado por conformar una quinteta consensuada sin lanzar una convocatoria de participación pública.
Parece que la mayoría legislativa busca a toda costa incluir sin necesidad de un proceso de convocatoria a una o un fiscal, a contentillo claro de la gobernadora Libia García.
¿O será que el PAN busca hacer tiempo y evitar consensos, provocando que la Junta de Gobierno no tenga un proceso culminado en este periodo de 20 días?
