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jueves, marzo 28, 2024

Anexos, ¿quién se hace responsable?

El asesinato de 24 internos de un ‘anexo’ en Irapuato, fue lamentado por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

En su mensaje hace hincapié sobre la necesidad de que el Estado y la Federación intervengan para atender el tema de la delincuencia con éxito.

Sin embargo, es muy posible que otra vez Guanajuato esté en la mira del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y reiteré sus dichos, echándole limón a la herida.

No es la primera vez que en Irapuato se presenta un acontecimiento como el de ayer, de hecho, desde diciembre se han detectado cuatro hechos violentos contra los internos en ese municipio.

El tema de los anexos, desde que se registró el ‘levantón’ de 25 internos en diciembre, reveló que solo un escaso porcentaje de los que hay en el estado están regulados y atendidos por la Secretaría de Salud.

Desde entonces debió de verse el trabajo de las autoridades para mejorar las condiciones de esos ‘anexos’, sobre todo por las consideraciones de los mismos mandos de Seguridad, como Álvar Cabeza de Vaca, quién en días pasado, se refirió a ellos como un “semillero” para la delincuencia organizada.

El tema no es menor y urge ver la colaboración entre el Estado y la Federación en materia de seguridad y procuración de justicia.

FGR Vs. FGE

La permanencia de Carlos Zamarripa Aguirre durante 12 años como encargado de la procuración de justicia en Guanajuato -primero en la PGJE y ahora en la Fiscalía General del Estado-, ha sido un tema por demás analizado y criticado, desde lo local y ahora también en el ámbito federal.

Las declaraciones recientemente hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, señalando presuntas deficiencias en el actuar de la FGE durante el operativo en el que se detuvo a personas allegadas al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, han puesto la vista de la opinión pública tanto en la fiscalía estatal como en Carlos Zamarripa Aguirre.

Si bien, él no es la institución, su permanencia durante tantos años en el puesto hace prácticamente imposible separarlo de la FGE.

Esta pareciera una lucha de la federación para remover a Zamarripa Aguirre y exhibir presuntas debilidades de la Fiscalía guanajuatense. Aún vulnerando la soberanía que Guanajuato tiene como Estado y la determinación que tomaron los legisladores al ratificar al fiscal.

Nuevamente pareciera que la seguridad se está politizando, y que esto se trata aún más de un encontronazo entre Estado y Federación, que de un tema de verdadera preocupación.

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