La figura de nuestros ayuntamientos tiene un buen rato en nuestras leyes; sin embargo, parece estancada y hasta inútil.
Un ejemplo lo otorga el cabildo de la capital. Conformado por el Alcalde y 14 ediles más, obviamente de diversas fuerzas políticas, no integran un órgano de gobierno, sino un grupo más interesado en los beneficios electorales que cada uno puede sacar y en los eventos sociales a los que pueden asistir.
Dos casos los ilustran: han sostenido a un contralor municipal, no obstante su polémico actuar y las obvias contradicciones sobre el accidente que habría ocasionado su esposa con un vehículo propiedad municipal, porque así les conviene, ya sea porque intercambian o porque dejan abierta la posibilidad de intercambiar favores.
El mismo Ayuntamiento es incapaz de llamar a cuentas a la tesorera, Irma Mandujano, ni al director de Catastro, no obstante que autorizaron el traslado de dominio de un predio que habría adquirido Saúl Navarro, hijo del alcalde, a un precio que algunos especialistas ubican 20 veces inferior a su valor.
Con excepción de la morenista Paloma Robles, pareciera que el resto de quienes integran el Ayuntamiento prefieren voltear a otro lado, ante lo que serían irregularidades en el actuar de funcionarios municipales.
De ser así, el Ayuntamiento y la oposición salen sobrando.
Capacitación tardía
La Dirección de Desarrollo Institucional de León, estima que a finales de año estarán todos los empleados municipales capacitados en perspectiva de género y derechos humanos.
Tras dos años de administración, la propia directora Verónica Gutiérrez Campos, reconoce que apenas se ha logrado llegar a la mitad de los trabajadores.
La misma directora aclaró que esas capacitaciones no son obligatorias.
Todo esto nos llama la atención, pues ¿No deberían de estar capacitados antes de entrar en funciones? ¿Se vale tener funcionarios y empleados que no conozcan el alcance de los derechos humanos, o de la necesaria atención de todos los temas con perspectiva feminista?
Tal parece que sí, que para la administración leonesa eso se puede aprender sobre la marcha.
Las consecuencias de esa falta de prioridades, las han padecido los y las leonesas: pésimo actuar de la policía, de inspectores de Fiscalización y de varias dependencias más.
Dicho de otra manera, pagamos empleados y funcionarios incapaces siquiera de respetar la otredad. Así de mal anda la función pública.
