Apenas ayer, en una entrevista con nuestra compañera Vania Jaramillo, el procurador de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato, Vicente Esqueda declaró que no van a esperar a que la ciudadanía denuncie atropellos a sus derechos fundamentales, que serán productivos y estarán en la calle atentos a lo que sucede.
Pareciera que asumiendo ese reto, Beatriz Hernández, la alcaldesa de Salamanca acostumbrada a violentar los derechos de los periodistas, le tomó la palabra al procurador, cuando personal de la Comisión Municipal del Deporte, a jalones y empujones impidieron el acceso a dos reporteras al evento que se llevaba a cabo en la deportiva de ese municipio y para el que la munícipe dispuso de un operativo de acarreo de lo más anacrónico y descarado. Una de esas reporteras es Laura Villafaña, corresponsal de este medio.
Así, una vez más Beatriz Hernández pretende pasar por encima de los derechos más elementales de los y las reporteras y con ello reta a la PDHEG para ver si es cierto que no esperarán denuncias para intervenir.
De parte de Zona Franca le tomamos la palabra a Vicente Esqueda. Los hechos están detallados en nuestro portal y estamos en la mejor disposición de contribuir en la investigación correspondiente.
PDHEG a la calle
La procuración y defensa de los derechos humanos en Guanajuato pareció estar dormida mientras Raúl Montero de Alba fue el Ombudsman. Ahora llega el turno de Vicente Esqueda y el asegura que no hará falta que la gente los busque, porque estarán en la calle garantizando que estas garantías se respeten.
Él asegura que no hay crisis de derechos humanos en la entidad porque las autoridades aceptan las recomendaciones, pero el punto medular sería trabajar desde la prevención para que cada vez se tengan que emitir menos recomendaciones, porque cada vez hubiera menos violaciones.
Esqueda llegó cuestionado a la Procuraduría de Derechos Humanos, pero ahora promete apertura total para todos los sectores, e incluso acercar esta defensoría a través de medios electrónicos.
La PDHEG tendrá el objetivo de que, en definitiva, no exista una crisis de derechos humanos en esta entidad y que se respeten los de todos sin importar condición y sobre todo, sin hacer distinción sobre la autoridad que pueda haber violentado las garantías de un individuo.
