Hay personajes en la política que no parecen dispuestos al retiro. Gente con la voluntad de mantenerse, aunque sea de forma antagónica, entre los vaivenes de la cosa pública.
Sin duda uno de ellos es Aurelio Martínez “El Chachis”. Un político leonés con origen empresarial que ha persistido para hacerse presente en las lides partidistas, en la toma de decisiones o de plano, tras los escándalos de corrupción.
Luego de un paso no muy lúcido como líder empresarial, Aurelio saltó a la máxima palestra de la ciudad de León, como parte de los cercanos a la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez desde la campaña de 2009; desde entonces, el ahora aspirante a la alcaldía, venía fungiendo su papel incendiario, provocando el debate y cuestionando al gobierno.
Una vez dentro del Ayuntamiento en el trienio de los priistas, Chachis fue una de las figuras que se reveló a Botello una vez que logró la dirigencia municipal del PRI, donde se decantó por la candidatura de José Ángel Córdova Villalobos que su exjefa repudió.
Cierto es que, cuando llegaron los panistas nuevamente a la alcaldía de León con Héctor López Santillana, muchos suponían de una insana alianza de Aurelio Martínez con los nuevos gobernantes, pero al menos esto no se manifestó públicamente. Mantuvo un papel antagónico ahora motivado por intereses propios.
Vino la oleada de Morena en 2018 y nuevamente el ave de la tempestades surgió como uno de los aspirantes no concretados.
Ahora el nuevo partido Redes Sociales Progresistas, lo contempla, ahora sí, como un serio candidato a la alcaldía de León. Aunque no sabemos que alcances tenga en esa aventura, lo cierto es que por lo que sea, Aurelio Martínez sigue vigente.
Extorsiones y no denuncias…u ojos ciegos.
Si las personas denunciaran, el incremento de las penas al delito de extorsión sería una buena noticia: ni una ni otra. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019, la cifra negra relacionada con este delito se calcula en 98.3%.
La misma encuesta señala que es uno de los delitos más recurrentes (segundo lugar después de robo) a los que están expuestos los guanajuatenses, que en la mayoría de los casos ocurre vía telefónica y que en casi todos ellos se consumo el delito, es decir las víctimas hicieron un pago.
Con tan baja cifra de denuncia, es seriamente cuestionable si las modificaciones al Código Penal para aumentar las penas e implementar agravantes, serán efectivas. En Celaya, este mismo año comerciantes vivieron una ola de extorsiones, que a algunos les obligaron a cerrar negocios, poner en venta su patrimonio y migrar a otros estados.
La mayoría sufrieron el cobro de piso, una de las modalidades establecida como agravante en la legislación penal, junto con otras ocho modalidades entre las que se contempla también la extorsión policiaca o por parte de agentes ministeriales o jueces.
Los extorsionadores podrían pasar hasta 22 años en la cárcel considerando que las agravantes pueden llegar a incrementar hasta la mitad de la pena máxima prevista para el delito, establecida en 15 años.
La ley queda puesta para su aplicación, ahora sólo falta convencer a los ciudadanos para que confíen en las autoridades y denuncien, que las Fiscalía del Estado investigue, agarre a los delincuentes y presenten pruebas contundentes para que no queden libres, pero para eso no hay reformas.
