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jueves, marzo 28, 2024

Calentadores solares, el programa social favorito de Navarro

De acuerdo con la propia dirección de Obra Pública del municipio de Guanajuato, se han invertido 23 millones 328 mil pesos, durante este segundo periodo de gestión de gobierno del alcalde, Alejandro Navarro, al programa de donación de calentadores solares. Durante toda su administración, se han erogado 65 millones 507 mil pesos a ese solo programa.

Para poner esta cantidad en proporción, los 23 millones, representan 7 veces más que el presupuesto anual de la Dirección de Atención a la Mujer, o que Dirección de Desarrollo Rural, o la Desarrollo Turístico y Económico, que oscilan en los 3 millones de pesos.

También representa el 9.2 por ciento de lo destinado al Plan de Obra Pública para 2022.

La intención de hacer esta comparación, por supuesto que no es hacer campaña en contra del medio ambiente, o de los programas sociales, sino en apuntar una despropoción de recursos a lo que parece ser el programa social consentido y que también ha sido acusado para condicionar el voto, durante la campaña de Navarro en 2021.

Al ser los programas sociales los más vulnerables al desvío de recursos, clientelismo y uso político electoral —de acuerdo a un estudio del Tecnológico de Monterrey realizado en 8 estados— y al no contar con un análisis socioeconómico la integración del padrón para entregar los calentadores solares, pues es legítimo cuestionar si no ha sido desproporcional lo destinado a este programa, o si de verdad responde a una necesidad de primer nivel.

Por poner sólo ejemplos rápidos: con los 65 millones de pesos invertidos a lo largo del gobierno de Navarro, se podrían comprar hasta 34 unidades de transporte público, o coinvertir con SIMAPAG para dotar de agua potable a las comunidades rurales faltantes y que la paramunicipal no necesite usar remanentes.

La necesaria transparencia forense

La necesidad de un Instituto de Ciencias Forenses está motivada por la opacidad del manejo de los cuerpos que se encentran en el panteón forense a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aún con los avances en la interlocución con los colectivos de buscadoras de desaparecidos, más de 600 cuerpos con información genética se mantienen sin una identificación plena debido a excesivo e injustificado ocultamiento. Se trata de personas que se mantendrían en calidad de desaparecidas.

De ahí la denuncia del colectivo Buscadoras Guanajuato, en voz de su integrante Luz Nayeli Gómez, quien evidenció la incongruencia de un control que pareciera negarse a la difusión necesaria para el encuentro de estas víctimas con sus seres queridos.

Actualmente hay dos demandas que, de cumplirse, darían transparencia a estos cuerpos en manos del Servicio Médico Forense.

La primera es la reforma constitucional para crear un instituto capaz de investigar, administrar y coordinar los protocolos de identificación, reguardo y entrega de estos cuerpos. Labor que actualmente se ve difícil ante la crisis forense con nuevos hallazgos que se suman.

La segunda es la orden judicial para que la Fiscalía General de la República (FGR) instituya el banco nacional de datos forenses, capaz de acumular precisamente los hallazgos que en cada estado se han obtenido de sus búsquedas. Por supuesto, un instituto forense facilitaría la sistematización de la información.

El problema es que la FGE no parece tener intenciones de soltar los servicios forenses. Mucho menos la de transparentar los datos. Por ello, estas nuevas demandas de buscadoras y activistas, parecen ser las nuevas batallas del 2023.

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