Era de esperarse que la controversia Constitucional contra la Ley de Comunicación Social aprobada por el Congreso del Estado le doliera a los diputados de Morena.
La molestia de Morena fue evidente, luego de que Ernesto Prieto, acusara a los medios de comunicación de chayoteros.
Los comentarios del diputado morenista son irrisorios, cayendo en lo ridículo, cuando su propio partido y él también han sido beneficiados por los medios de comunicación de una u otra manera.
Qué Morena ataque a los medios de comunicación, claramente demuestra que olvidó que éstos contribuyen a la democracia, a la información y al objetivismo del contexto en el que se encuentra una sociedad, abonando al criterio social, incluso para tomar un decisión electoral.
Si algo es verdad, es que Morena ataca a quienes no están a favor de las políticas de Andrés Manuel López Obrador, pero también habrá que recordarle al grupo parlamentario de Morena que está controversia no solo se da en Guanajuato, pues el Instituto Nacional Electoral también la presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A verificar a otro lado
En Guanajuato y en los municipios son muy pero muy insistentes en que los propietarios de vehículos acudan a verificarlos dos veces por año o de lo contrario, hay multas que en algunos casos, son costosas e imposibles de condonar.
Pero los verificentros no fueron verificados por las autoridades y ahora, a cinco años de la última revisión, muchos ya no cumplen con las normas requeridas y van a tener que dejar de prestar servicio. Es decir que de los 139 que había, en este 2022 sólo podrán operar 92.
Trece municipios se quedarán sin verificentro y, ¿qué pasará aquí?
Lo justo es que si las autoridades no pueden garantizar que en cada municipio haya mínimo un verificentro operando, entonces la gente de esos municipios pueda estar exenta de cumplir con la obligación. Pero no será así.
“Ellos sabían que tenían que cumplirlas”, dijo María Isabel Ortiz, titular de la SMAOT para dejarles toda la responsabilidad a los dueños o encargados de los verificentros que tendrán que ser cerrados.
Pero bien, ¿dónde queda la responsabilidad de las autoridades para garantizar que estos centros de verificación son confiables y trabajan en norma?
