Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Estado de Guanajuato fue constantemente señalado como una de las entidades más violentas del país.
Entre los principales argumentos estaban la falta de una estrategia de seguridad efectiva y los pobres resultados en procuración de justicia, bajo la gestión del exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre.
Ahora, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, la narrativa parece continuar.
Y es que la presidenta criticó no solo a los gobiernos panistas que han estado al frente de Guanajuato por décadas, sino también la falta de una estrategia clara para combatir la inseguridad del gobierno estatal.
Sin embargo, al inicio de su administración, tanto Sheinbaum como la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo hablaron de mantener una comunicación constante e incluso de coordinar una estrategia para frenar la violencia en municipios clave como León y Celaya.
A pesar de que la Federación ha asegurado que no abandonará el estado, han pasado casi cinco meses sin señales claras de una colaboración efectiva.
Criticar el aumento del 24.3% en homicidios dolosos desde septiembre hasta la fecha, también implica reconocer que la estrategia federal no ha dado resultados.
La pregunta es: ¿cuánto tiempo más debe pasar para que la coordinación entre ambos niveles de gobierno sea efectiva?
No hay tiempo para la curva de aprendizaje y la seguridad en Guanajuato no debe ser tema de disputas políticas, sino de acciones concretas que muestren resultados.
La visión de Celaya
Ya habíamos comentado en esta columna que el alcalde de Celaya, el morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez, su Ayuntamiento y su equipo fueron incapaces de hacer su propio programa de gobierno para el periodo 2024 a 2027.
Pues ahora sabemos que todos ellos decidieron gastar la nada despreciable cantidad de 675 mil pesos contratando a alguien para que les hiciera la tarea.
Por donde se vea resulta paradójico que quienes se lanzan de candidatos y candidatas, tanto a la alcaldía, como a las sindicaturas y regidurías, no tengan la capacidad de estructurar su visión de Celaya para ese periodo.
A eso hay que agregar, que los integrantes del actual Ayuntamiento anduvieron en campaña, prometiendo lo que fuera necesario para conseguir el deseado voto y recibiendo propuestas de sus electores en todos los rincones celayenses.
Nada de eso sirvió para que hicieran el obligado programa de gobierno y optaron que contratar a un externo. Por cierto, chovinismo aparte: español, lo que significa que entre todos los expertos celayenses, a juicio de Ramírez Sánchez no hubo uno o una que pudiera hacerlo.
La conclusión es simple: si un Ayuntamiento no puede hacer su propio programa de gobierno, simplemente no debería de gobernar.
