¿Qué se necesita para que se entienda que no estamos en color verde y qué la pandemia del COVID-19 sigue entre nosotros? ¿Otro confinamiento masivo?
En Guanajuato el color del semáforo económico está en amarillo, pero ya se lograron percibir focos rojos en el número de contagiosos, mismos que son motivos suficientes para que se exija con más presión, a que la ciudadanía no relaje las medidas y se evite un rebrote.
Ayer la entidad registró 499 casos positivos nuevos de coronavirus; ¿No es éste, un motivo suficiente para que desde los municipios se deje de decir que hay un control, y comenzar a tomar medidas más serias?
Sí, la sociedad debe de poner mucho de su parte, pero la autoridad debe de garantizar que habrá medidas si no se acatan las recomendaciones sanitarias.
No se puede permitir que regresemos a focos rojos y que la economía se deteriore una vez más.
Es urgente tomar medidas y con ellas dar certeza de que podremos pasar a color verde.
Urge que los niños regresen a clases, que los sectores económicos se reactiven en su totalidad, que haya empleo, que volvamos a salir, pero lo más urgente ahora es controlar la pandemia.
¿Un brazo a torcer?
No es la primera vez que ocurre, pero es de trascendencia por la falta de sensibilidad que han mostrado diputados locales con la comunidad LGBTTTIQ.
Resulta que en la Comisión de Justicia, legisladores por fin dieron un paso para analizar la reforma al Código Civil para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero no aprobaron un método directo, algún tipo de foro o panel.
En la metodología de análisis sólo plantean recibir opiniones sobre el tema en los próximos 10 días a partir de la próxima semana, pues el viernes se cerrará el listado de organizaciones civiles a las que se planea invitar a participar.
Lo peor, en la metodología original, la presidenta de la Comisión, la legisladora panista, Cristina Márquez Alcalá no pensaba consultar a la sociedad civil, de hecho en el listado de entes consultables aparecía sólo la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, a magistrados del Poder Judicial y a los propios diputados.
El fondo de evitar la consulta debe ser probablemente el temor de legisladores de escuchar los reclamos de la comunidad, con quienes tienen una deuda pendiente no sólo en esta materia, sino también relacionada con el derecho a la identidad.
Pero por más que quieran silenciar esas voces, la realidad es que la comunidad se ha hecho escuchar.
Falta ver si el análisis sigue su curso o si la estrategia es solo proyectar una metodología para volver a dejarla al olvido y guardada en el cajón de los pendientes hasta que termine la Legislatura y ya no se pueda hacer nada.
