¿Dónde está Juan David? y la respuesta más próxima: muy lejos de la justicia. Y es que aunque el presunto responsable de su desaparición, Miguel Ángel ‘N’ cumpliera una sentencia de 81 años, lo cierto es que nada lo obliga a revelar el paradero de su hijastro, menor de 11 años que además habría sido víctima de violencia familiar.
Todavía el inculpado se jactó de tener derechos, al defender que su opción era el procedimiento abreviado, pues su salud era complicada y la pregunta es: ¿y los derechos de Juan David y su familia, a saber dónde está? Ese derecho el menor no lo tiene, ni su familia tampoco y no hay ley que interceda por ello.
No es el único caso, son más las víctimas de desaparición con un final incierto, que mantiene a las familias con la angustia de no saber el paradero de las personas, que ante los ojos del Estado, no fueron más que una carpeta de investigación que se cierra.
A esto habría que añadir las omisiones y actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) que pueden echar abajo en cualquier momento la investigación, con lo que incluso un presunto culpable puede obtener su libertad, porque hacer un trámite y apegarse a las buenas prácticas, es algo que por muchos años ha pesado a la FGE y vaya que le ha costado, pero en ocasiones le resultó más fácil culpar a un juez.
Ha pasado un año desde la desaparición de Juan David y todo indica que su paso por este mundo no fue más que un registro en un acta de nacimiento, un nombre que ocupó un butaca en el salón de clases, un niño que la sociedad y el mismo DIF sabían que era víctima de violencia, un niño que no tuvo quien lo defendiera y que de un momento a otro, se esfumó.
El ‘pinkwahsing’ del PAN
Aunque se empieza a popularizar la idea de que el PAN en Guanajuato no es un partido “de derecha” debido a cierto progresismo que exige la época, la verdad es que se ha negado siquiera a discutir la legalización del matrimonio igualitario, el reconocimiento legal de las identidades trans, o la despenalización del aborto, lo que lo ubica como un partido conservador.
Avalar la iluminación del Congreso del Estado con los colores de la bandera LGBTIQ+, mientras rechazan una iniciativa para generar programas estatales y municipales para garantizar los derechos de la comunidad, exhibe grandes contradicciones.
La postura de mostrarse como aliados de la comunidad LGBTIQ+ para ganar simpatía, pero también ser insensibles con sus demandas, en marketing, se denominó ‘pinkwashing’, o “lavado rosa”.
Esta conducta se replica en la administración municipal de Guanajuato, con Alejandro Navarro: un personaje que se presenta como un “progresista” dentro del PAN y que asiste a marchas del orgullo; pero que en su campo de acción como presidente municipal, permite que ocurran despidos a personas de la comunidad; promete al aire dependencias para proteger sus derechos; dice acompañar a una chica transgénero en un caso de discriminación en un antro, lo sube a sus redes sociales, y después la ignora en el seguimiento; dice que está a favor del matrimonio igualitario, pero sólo en el registro civil, porque la Biblia dice “que los matrimonios son entre hombre y mujer”.
Con todos estos pendientes encima, el alcalde aún decide dar la cara para celebrar el Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia y pide nuevamente que desempolven la bandera arcoíris y se la pongan al Pípila como rebozo.
Mientras que al interior del PAN todavía se debaten los límites de su afinidad por los derechos de la comunidad y permiten actos de oportunistas, la comunidad sigue “a merced” de las decisiones parlamentarias, pues en esas resoluciones se juega su vida y futuro.
