Las desapariciones en Guanajuato son un problema que lamentablemente no ha podido solucionarse.
Las 253 fosas clandestinas localizadas entre 2006 y 2023 reflejan un incremento del 98% en Guanajuato, un estado que sigue encabezando las cifras en los delitos de alto impacto.
Lamentablemente también la respuesta de las autoridades sigue siendo insuficiente.
Además de que no se logra reconocer el trabajo de los colectivos de búsqueda y de las madres buscadoras los cierto es que se necesita una estrategia integral que involucre a la Fiscalía General del Estado, las instituciones de seguridad pública y la Comisión de Búsqueda Estatal para no solo reducir las desapariciones, sino prevenirlas y garantizar justicia.
Hoy en nuestra portada publicamos el informe de Causa en Común, que revela este aumento en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y la preocupación de la reclasificación de cifras en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas pues ha generado desconfianza y ha invisibilizado a miles de víctimas.
Las desapariciones no pueden seguir siendo un tema de cifras manipuladas o excusas burocráticas, y sin duda, como lo hemos plasmado en este espacio es el reto que ya debe estar trabajando el nuevo fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste.
Sin embargo las cifras son alarmantes, pues muestra lo difícil que es encontrar la verdad, combatir la impunidad y dar paz a miles de familias que aún esperan respuestas.
Ernesto Prieto Gallardo ¿otro deudor alimentario?
No es la primera vez que un morenista se convierte en noticia por su presunto adeudo alimentario.
Primero fue el candidato a alcalde en Guanajuato, Jorge Rodriguez Medrano, cuya candidatura incluso estuvo en duda tras conocerse ese hecho por la dirigencia nacional del partido.
Finalmente Rodríguez Medrano fue candidato y perdió la elección y el juicio en el que se le demandaban las pensiones alimentarias.
Ahora, quien aparece en esa nada honrosa lista es Ernesto Prieto Gallardo, diputado federal por ese mismo partido.
A Prieto se le reclama esa pensión respecto de una menor nacida hace más de tres años y a cuyo reconocimiento de paternidad no ha accedido el diputado.
De nada han servido que quienes ocupan cargos de elección popular tengan que declarar no ser deudores alimentarios, si ellos ”chicanean” los procesos judiciales.
Resulta irónico que otro morenista, quienes a su decir son diferentes de los otros políticos y no roban, no mienten y no traicionan, se valga de argucias legales para dar la espalda a una menor que exige la certeza jurídica de un juicio sobre paternidad.
No solo eso, Ernesto Prieto desafía a la propia presidenta de la república, Claudia Sheinbam, quien se ha mostrado sensible a esos temas y ha apostado incluso a una Secretaría de la Mujer.
Por donde se analice, lamentables los ejemplos morenistas.
