En todo el mundo, los sistemas de salud se han visto rebasados o al menos vulnerables ante la pandemia por Covid-19. En México, oficialmente se reconoció que ya hay contagio comunitario, y que con esto se inicia la fase dos, lo cual requiere ya que los hospitales estén listos para atender a muchísimos enfermos.
Los casos de coronavirus en México van apenas a la alza, y la experiencia en otros países como Italia y España, nos indican que dentro de los próximos días, la curva de contagio crecerá exponencialmente.
El Instituto Mexicano del Seguro Social es sin duda, la institución de salud pública de la que más personas son derechohabientes, y por tanto, en este contexto seguramente serán sus hospitales quienes pudieran estar recibiendo a un buen número de pacientes.
El coronavirus todavía no provoca caos en México y el IMSS ya se está declarando en la banca: ayer el personal de salud de la T-51 hizo un paro momentáneo para exigir que se les provean materiales básicos como cubrebocas, gel antibacterial y guantes, para poder atender a aquellos pacientes que pudieran ingresar con síntomas de coronavirus, y también para autocuidarse.
Esta instancia federal necesita mucho apoyo y deja ver la debilidad de un sistema de salud que ha sido abandonado por la federación; esa misma federación que se dice lista para hacer frente a una pandemia y que en voz de López Obrador, todavía invita a la población a salir y hacer una vida normal, llena de abrazos.
¿Qué pasará con el IMSS? No se puede exponer así al personal sanitario, tampoco a que los pacientes puedan tener contagio.
Mientras el mundo aplaude los esfuerzos sobrehumanos de cada una de las personas que trabajan en los hospitales, en el IMSS se les está escatimando el material más elemental de protección.
Diga lo que diga el gobierno federal, eso no es estar listos para enfrentar al coronavirus
Las consultas “a modo” de la federación
La reciente consulta realizada en Baja California, para definir si se seguía construyendo o no una planta cervecera y en la que participó solamente el 3.5% del padrón electoral de esa entidad, ha confrontado seriamente, una vez más, al sector empresarial y al gobierno federal.
Si bien este mecanismo no debería de sorprendernos, pues fue a través de una consulta que no cumplía los requisitos del ley que se decidió cancelar la millonaria obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, lo cierto es que sigue siendo una práctica de la federación la cancelación de obras, que además de muy avanzadas, reportan inversiones importantes.
Tal vez nunca debió autorizarse esa obra en Mexicali, pero de ser un acto de corrupción, entonces deberían ser esos corruptos los que paguen los más de 900 millones de dólares que tendrá que pagar el gobierno por dar marcha atrás.
Ante el uso cada vez más frecuente de estos mecanismos, todo indica que una de las obras que más temprano que tarde seguirán ese proceso será “El Zapotillo”. El problema es más serio, porque en el caso del aeropuerto hubo una opción diferente; en el de Mexicali se trata de una inversión privada; pero en El Zapotillo es una obra prioritaria para dar agua a una amplia zona de Jalisco y a León y no hay una opción diferente.
