Ayer se llevaron a cabo concurridas marchas en decenas de ciudades del país bajo la consigna “El INE no se toca”.
Las manifestaciones fueron una respuesta masiva en contra de la iniciativa del presidente López Obrador de llevar a cabo una reforma electoral que, efectivamente, modificaría sustancialmente, no solo al órgano electoral, sino al sistema de elecciones.
Sin duda la idea de la reforma tiene varias y grandes aberraciones, como la elección directa de los consejeros, que llevaría a los propuestos a hacer campaña por todo el país con recursos que la iniciativa no resuelve.
Pero no está demás recordar que el INE ha sido un buen contador de votos, pero en ocasiones un mal árbitro.
A veces por sus limitaciones legales y otras por extrañas razones.
Ejemplos hay: los Amigos de Fox, el Pemexgate, mantener el registro al partido Verde a pesar de las violaciones sistemáticas a la ley, la falta de una correcta fiscalización al gasto de los partidos y candidatos y la ausencia de sanciones reales a ellos, entre otros.
Sin duda debemos mantener un organismo autónomo y ciudadanizado que lleve a cabo las elecciones y consensuar como sociedad las reformas que den mayores garantías a nuestra democracia.
Una reforma electoral no debería venir, ni desde el poder, ni desde los partidos políticos.
La FGR da la espalda a colectivos de búsqueda
Los colectivos de búsqueda y cada uno de sus integrantes hacen un trabajo inmenso y de altísimo riesgo… a contracorriente de muchas autoridades, quienes no solo son omisas, sino verdaderamente contrarias a esa labor.
Una muestra muy dolorosa de ello la ha dado la Fiscalía General de la República.
El fiscal del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió impugnar un amparo conseguido por la guanajuatense Olimpia Montoya, quien con tal juicio estaría logrando que esa instancia federal cree un Banco Nacional de Datos Forenses.
No solo eso, la FGR expuso que su negativa no constituye una violación a los derechos de acceso a la verdad, justicia y búsqueda y además considera que se trata de una obligación de la Comisión Nacional, con la que renuncia a cualquier esquema de colaboración.
Pero la renuncia más grave que hace la fiscalía federal es a su esencia: ser una representante social.
