Al menos en teoría, todos los gobernantes en el Estado han entendido que no se debe criminalizar el aborto, aunque en la realidad haya más carpetas de investigación por interrupciones del embarazo que por feminicidios, como lo informa nuestra nota de portada.
Otra ironía es que a pesar de que se diga que no se criminaliza, el Código Penal lo siga considerando como un delito y que haya fuerzas políticas como el PAN, que se nieguen a derogar esos textos y a regular la interrupción del embarazo.
Pero ayer, en la Comisión de Salud del Congreso del Estado se votó algo más grave: negarle el acceso a la salud a la mujer que pretenda abortar. De confirmarse de esta manera en el pleno, el sector salud del Estado cerrará las puertas a ese derecho humano reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La negativa al acceso a un derecho tan fundamental como el de salud se dio por una mayoría de tres votos contra dos, y es aquí donde radica la ironía más lamentable, porque el voto decisivo lo dió la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde, quien al hacer uso de la palabra y marcar su posicionamiento dijo hacerlo a nombre del grupo parlamentario al que pertenece, esto es, con el acuerdo de su coordinador y líder de ese partido en el Estado, Sergio Contreras.
En esta misma columna, hemos hecho recuento de las veces en las que el Partido Verde en la entidad se ha mimetizado con el PAN, hasta convertir su servilismo en un apéndice del partido azul, a pesar que ello contravenga las políticas nacionales fijadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que presumen una alianza, evidentemente inexistente en nuestro Estado.
Lo que ahora nos sorprende son los límites que ha sido capaz de cruzar el partido de Itzel Mendo y de Sergio Contreras, con tal de quedar bien con el PAN.
Atentar en contra del derecho a los servicios de salud de las personas que decidan interrumpir su embarazo en nuestro Estado, es de lo más ominoso que pueda hacer un grupo político.
A cuidar el agua
León terminó con dos años de estrategia de tandeos.
La noticia ha sido bien recibida, sobre todo por los habitantes de un más de un centenar de colonias de la zona norte que estaban con servicio terciado de agua.
Lo que es extraño es que sea Rafael Pérez, titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan) quien haya dado la “buena noticia” y no las autoridades directamente involucradas en el tema, o sea Sapal o la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.
Seguramente si Sapal hubiera dado a conocer esta noticia, lo habría hecho acompañado de un serio llamado de atención a que la población sea cuidadosa del agua y se le habría cuestionado a Enrique De Haro Maldonado, sobre las condiciones actuales de abasto de agua y estrés hídrico.
Es justamente el tema del abasto de agua, una de las grandes preocupaciones de las autoridades en León y en todo Guanajuato, ya que las lluvias han escaseado, las presas están secas y todavía no hay mucha certeza de cómo y cuándo empezará el proyecto del Acueducto Solís, que promete ser la solución viable para el estrés hídrico en la región.
Aunque el tandeo haya terminado, lo más recomendable es que el tema del agua se siga tratando con prudencia y se haga un uso conscienzudo de este preciado recurso.
