Si algo es claro, es que del dicho al hecho, hay un trecho y éste puede ser corto o largo.
Para Guanajuato, el trecho no debe ser largo, y en materia de agua menos. Los trechos hicieron que León saliera del proyecto el Zapotillo, a pesar del decreto que se publicó en un principio en 1995.
Hoy en día, las autoridades avanzan, al menos así lo presumieron para concretar el Plan B denominado Agua Sí, con el cual se abastecerá de agua a los municipios del corredor industrial del distrito de Riego 11, pero no hay detalles concretos aún.
Según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en febrero se tendrá que tener la firma de convenio con 25 mil ejidatarios de ese distrito cómo una primera base para el desarrollo de este proyecto… pero no hay nada anunciado aún.
Las gestiones políticas están sobre la mesa: el Estado, la Federación y los intermediarios deberán construir acuerdos técnicos sólidos para este proyecto para no echarlo a perder.
De ahí que tal vez, los convenios entre la Federación, el Estado y los ejidatarios podrían no darse en febrero, lo que sin duda es un trecho que no debe ser muy largo.
Román Cifuentes Negrete, diputado del PAN, anticipa este atraso, pero lo justifica señalando que las modificaciones en el documento técnico abonarán a solidificar el proyecto, pero ¿Qué hay del intermediario?
Miguel Ángel Chico, está en el aire, y lo peor, no da detalle de sobre las acciones concretas que se están dando para Agua Sí. Tal parece que como se pronóstico, una tarea más que le queda grande.
Sin duda, la historia en Guanajuato nos ha demostrado que trechos hay muchos, y que estos solo dan largas a las necesidades más agobiantes de los ciudadanos, como lo es el agua, un tema que no puede espera otros 25 años.
Solo resta esperar que las gestiones de nuestros políticos funcionen y ahora sí sea una realidad el abasto de agua para Guanjuato.
Impunidad y desesperanza
Una masacre en un anexo acaparó los titulares nacionales y fue noticia internacional que puso a Irapuato en el mapa y por supuesto que Fiscalía General del Estado, casi casi se vio obligada a trabajar en la investigación en la que probó que del grupo armado que refirieron los testigos, todo se se redujo a un asesino despiadado que privó de la vida a 25 de 27 internos, porque la muerte de los demás no se pudo ni siquiera probar.
Del resto de los presuntos responsables, ni hablar, porque con ello y una histórica sentencia se quiere decir que en Guanajuato no hay impunidad.
Lo cierto es que no es el único ataque armado, antes y después de la masacre hubo más, desde incendios provocados, internos desaparecidos, otros más asesinados de quienes poco se habla porque el número de víctimas fue ‘menor’ y peor aún se les criminaliza.
Para los encargados de los centros de rehabilitación una sola cosa les queda claro, no hay ni habrá justicia, porque la impunidad sigue a la par de la violencia que nubla a la entidad.
Tampoco el remedio de los permisos de uso de suelo en las respectivas direcciones de Desarrollo Urbano que se establecieron a partir de aquel terrible primero de julio ha servido de mucho, al menos no para garantizar la seguridad en los centros de rehabilitación, primer punto al que recurren familias con el único propósito de que sus hijos, hijas o allegados tengan acceso a un tratamiento que dentro de sus capacidades económicas les garantice alejarlos de las adicción a las drogas.
