En un acto sin precedentes, los ediles del PAN en el Ayuntamiento capitalino decidieron que no requerían de los demás miembros del cabildo para tomar decisiones.
Sí, justo al estilo que le critica el propio PAN a Morena, cuando a nivel federal usa su mayoría para hacer lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De esta manera, los panistas imponen un destino para los poco más de 40 millones de pesos, que la administración había apartado para el fracasado MuMo, además del préstamo, que si bien se otorgó, no se pudo usar.
Los recursos se destinarán a cuestiones que evidentemente faltan en el municipio, sin embargo no parecen salir de ningún plan de desarrollo, al menos no se ha justificado de esa manera.
Mientras los panistas deciden caprichosamente qué hacer con ese dinero, otras carencias tendrán que esperar, sobre todo ante unos ediles panistas que no saben qué hacer con el transporte público, o que han decidido no invertir un solo peso en la inconclusa presa que daría algo de tranquilidad a la capital en cuanto al abasto de agua a mediano plazo, ahora que la sequía se vuelve una amenaza global.
Suponer que la democracia es solo imponer una caprichosa mayoría, es un grave error, más cuando entre ellos nueve está el rector de una universidad, quien debiera saber sobre la importancia de la pluralidad.
No hay democracia sin respeto a las minorías.
Más complicaciones para Luis Alberto Villarreal
El Ayuntamiento de San Miguel de Allende ha recibido el informe final elaborado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) sobre el proceso de entrega de la administración 2018-21 que encabezó Luis Alberto Villarreal.
De acuerdo a los datos con los que se dio cuenta en la correspondiente sesión del Ayuntamiento sanmiguelense, la ASEG habría detectado un daño patrimonial por más de 93 millones en la gestión de Villarreal, por lo que ha pedido al gobierno municipal que inicie los procedimientos civiles, administrativos y penales.
Todo indica que el exalcalde no pudo acreditar la correcta aplicación de esos 93 millones ante los órganos de control del Estado, por lo que ahora serán otras las autoridades ante las que tendrá que defenderse y pretender justificar lo que hasta la fecha no ha podido.
Cabe decir que el informe de la ASEG ha sido aprobado por el Congreso del Estado, de mayoría panista, o sea del mismo partido al que todavía pertenece Villarreal.
Todo hace suponer que Luis Alberto se va quedando solo, justo en el momento en que los rumores sobre las irregularidades en las que incurrió su administración empiezan a dejar de serlo y a tener números.
