Era de esperarse. Desde hace cinco años, cuando Roberto Zermeño Vargas, su hijo Roberto Zermeño Reyes y su socio Héctor González lograron el primer fallo a su favor para hacerse de la propiedad del Estadio León, ninguna administración municipal ha querido cargar con la derrota jurídica, pues se traduce en una derrota popular.
Así fue ayer cuando el plazo para cumplir la sentencia feneció. Desde la mañana, medios de comunicación e interesados colaterales en el tema, estuvieron expectantes a la visita de los actuarios del Poder Judicial Federal, para tomar vista del inmueble. Pero no llegó. Extrañamente una actuaria, pero del Poder Judicial Estatal llegó a otro asunto desconcertando a los presentes.
Los minutos y horas pasaron. Zermeño se escabulló por la puerta de atrás para no ser abordado, al actuario federal no se le vio y el municipio decidió hacer labor discreta para acreditar el cumplimiento de la entrega.
Bastó una carta formal para dar cuenta a la justicia de que el inmueble está actualmente ocupado por el club León de Grupo Pachuca.
Dejando una estela de dudas durante el resto del día, el gobierno municipal decidió convocar a rueda de prensa en la propia sala de prensa del equipo de futbol, para dejar en claro que, pese a la entrega, el acuerdo es respetar el contrato de arrendamiento vigente con el club León, para que sus actividades no se vean trastocadas.
Al final el anunció trató de cubrir la imagen de la derrota, para cambiarla por una de certidumbre para el futbol. El patrimonio público pasó a segundo plano.
Lo que viene es más trabajo de tribunales, pues otros actores persisten en retirar a Zermeño de la jugada, llegándole por el lado de flaco de las irregularidades.
¿Fallas en la estrategia de seguridad?
En los 31 días de octubre fueron asesinadas 61 personas en León. Es decir que en promedio se cometieron casi 2 homicidios diarios en este municipio.
No se necesario ser experto en la materia para pensar o intuir que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno que encabeza Héctor López Santillana, podría estar fallando. Pero para el alcalde la falla no es responsabilidad de Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública; sino de la poca ayuda del gobierno federal, lo que sin duda debe ser un factor importante.
Hace unos días el alcalde declaró que muchas de las víctimas de los homicidios cometidos durante octubre, tenían relación con el narcomenudeo porque a eso se dedicaban o estaban en sitios donde hay venta de drogas.
Es probable que así sea, pero lo malo es el discurso que las autoridades -en términos generales y no particularmente Héctor López Santillana-, utilizan para señalar que las víctimas de homicidio ‘andaban en malos pasos’… como si eso hiciera menos horrible un homicidio.
El gobierno municipal defiende la estrategia de seguridad, pero las cifras no ayudan en nada para poder mantener esta postura.
