Una vez más, en el Congreso del Estado surgió el debate sobre el millonario retiro del exfiscal Carlos Zamarripa y parte de su equipo; así como de las pensiones que se otorgaron, basándose en las reglamentos internos, creados a partir de la autonomía de la Fiscalía General del Estado.
Esta vez, la discusión se dio a partir de la propuesta de un exhorto para que se transparente el Sistema Complementario de Seguridad Social de la FGE.
El exhorto parte de varios errores garrafales.
Que el Congreso del Estado, a través de un tibio exhorto, pida transparencia, está mal, pues en pocas palabras resume el reconocimiento de que el acceso a la información no está funcionando en Guanajuato. Esto es: una información tan básica ese sistema, debiera de estar accesible; si no lo está es porque algo está fallando en esos temas.
Pero no sólo eso: permitir que la FGE se valga de su autonomía para establecer una enorme diferencia en el esquema de retiro y de jubilación entre áreas del mismo gobierno, esta mal, pues el mensaje es entonces que hay oficinas o grupos privilegiados, a los cuales, por ejemplo, se les premia “la fidelidad” (suponemos que al trabajo y a la institución), cuando ese compromiso laboral debería darse por sentado que es parte del sueldo que se paga a cada uno o una.
Por eso es que un exhorto es un error, cuando en realidad se podría perfectamente acotar, desde la creación de leyes que corresponde al Congreso, que ninguna dependencia u organismo, por autónomo que sea, se valga de ello para repartir privilegios.
Lamentablemente parece que a nuestros y nuestras diputadas no les gusta legislar y prefieren usar la tribuna para discutir exhortos y garantizar que éstos tengan la suficiente tibieza para que no molesten a nadie.
Discutir la despenalización del aborto
Más allá de haberse fijado una fecha para discutir la despenalización del aborto en Guanajuato, el Congreso local debe asumir este proceso con responsabilidad, sin tintes ideológicos ni partidistas, y con base en los derechos de las mujeres y el criterio ya establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional criminalizar el aborto en México.
Aunque la Comisión de Justicia del Congreso aprobó llevar las mesas de trabajo sobre el tema el próximo 9 de mayo, tras semanas de postergaciones, lo fundamental no es cuándo se discuta, sino cómo.
Esta debería ser la oportunidad del partido blanquiazul para que deje de condicionar la discusión pública a dogmas que no corresponden al marco legal nacional.
El Congreso, sin duda, y en concreto el Partido Acción Nacional, tiene la responsabilidad y obligación de actuar con base en la ley y saldar una deuda histórica con las mujeres de Guanajuato, de lo contrario el único avance que existiría seria el del prejuicio.
