La cobertura para los municipios de Guanajuato es de 3 mil 500 efectivos estatales, para los 46 municipios que conforman una de las entidades que se ha convertido en una de las más violentas del país.
El titular de la Secretaría de Seguridad Paz, Juan Mauro González, dijo que con esta cifra han logrado que las cosas funcionen bien en la entidad, la pregunta es ¿en dónde? ¿En Celaya donde a cada rato matan policías? ¿En Salvatierra donde abandonaron los cuerpos de 6 personas? ¿En Salamanca donde hace poco ocurrió una masacre en un anexo? ¿O en León donde asesinan a personas afuera de centros comerciales?
Si bien el número de policías no garantiza que una corporación sea confiable y efectiva, la demanda del estado de Guanajuato cada vez es mayor y el número de elementos pareciera ser insuficiente, pues finalmente tienen que apoyarse de agentes federales para tener una mayor cobertura.
En Celaya, uno de los municipios donde se han presentado varios hechos violentos, apenas tienen alrededor de 180 policías municipales, más 60 estatales, por lo que el gobierno federal envío más de 2 mil elementos.
Una de las ciudades con mayor número de habitantes es León, donde se había prometido llegar a 3 mil policías municipales y no se ha cumplido con la meta, pero esta cifra apenas estaría cercana a el número de agentes estatales.
Aunque la policía estatal se apoya de los elementos municipales y federales, sigue siendo insuficiente la cantidad de elementos, aunque el titular de seguridad insista que no se trata de un déficit y aunque señale que nunca se llega a una cantidad indicada en ninguna corporación.
Identidad condicionada
De manera reciente en la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato, se aprobó el reconocimiento de la identidad de género para que infancias y adolescencias puedan expedir documentos oficiales. El problema es que esto dependerá de la interpretación de cada Registro Civil.
Es decir, que aunque el conservadurismo que impera en la entidad haya “otorgado” este importante avance en materia de identidad de género y derechos humanos, se necesitarán de amparos para las infancias y adolescencias, en casos donde un Registro Civil no les quieran expedir sus documentos oficiales.
Esto ocurrió a pesar de que la agrupación por los derechos LGBTQ+ “Amicus”, solicitara que no se estableciera una edad mínima para tener documentos oficiales con la identidad de género que elijan.
Actualmente si una persona que nació con el sexo masculino, pero se identifica como mujer, quiere cambiar sus documentos, lo podrá hacer, siempre y cuando no sea menor de edad, o dependiendo de la interpretación de cada Registro Civil.
Aunque todavía falta que el dictamen sea sometido a votación para saber si se reforma o no el Código Civil de Guanajuato, el hecho de que no hayan especificado que no se requiere edad mínima, es un retroceso para este pequeño avance en derechos humanos e identidad de género.
