La Fiscalía General del Estado (FGE) está haciendo todo lo posible por demostrar su autonomía y marcar una sana distancia con el gobierno que encabeza Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aun y cuando fue éste el que insistió en que Carlos Zamarripa Aguirre continuara al frente de la entonces Procuración de Justicia en Guanajuato.
El proceso para garantizar que Zamarripa Aguirre pasara de procurador a fiscal puso al estado en el ojo nacional y al ahora fiscal se le asignó el mote de ‘fiscal carnal’ por su permanencia al frente del área en gobiernos panistas, acompañando a los exgobernadores Juan Manuel Oliva, Héctor López Santillana, Miguel Márquez y ahora a Diego Sinhue.
El proceso se logró pero ahora, como Fiscalía General, se trata de un organismo autónomo que debe estar desmarcado del gobierno estatal.
El trabajo para separar a la Fiscalía de la sombra de los gobiernos panistas debe ser algo de todos los días, y en donde Carlos Zamarripa Aguirre tiene que esforzarse.
Tal vez un primer paso es el trato con los medios, desligándose de la vocera oficial de comunicación en materia de seguridad, Sophia Huett y asumiendo declaraciones propias de la Fiscalía, mismas que tienen que verse lo más independiente posibles del ejecutivo estatal.
Un primer intento de Zamarripa Aguirre para demostrar su autonomía, al menos en lo que a comunicación se refiere, fue lo ocurrido durante la rueda de prensa ofrecida ayer. El fiscal general señaló que el área a su cargo trabaja con transparencia y legalidad, además de señalar que las puertas quedan abiertas a los medios de comunicación que quieran recibir información confiable sobre los casos que ahí se investigan.
Además hizo un llamado a los partidos políticos, asociaciones civiles y empresariales, y otros organismos para “sumar” en favor del estado y combatir de manera conjunta el crimen.
Zamarripa Aguirre la tiene difícil, debe demostrar su autonomía y garantizar que sí será un fiscal independiente y no el ‘fiscal carnal’ que muchos piensan. Le quedan 9 años al frente.
Medida migratoria pone a transportistas entre la espada y la pared
A partir de este lunes, todo migrante ilegal no podrá usar ningún servicio de transporte terrestre y mientras que a los boleteros se les informó que no pueden a venderles y a los operadores, que no pueden trasladarlos; está disyuntiva coloca a los empresarios del transporte entre la espada y la pared.
Y es que señalaron que, por un lado, obstruir la movilidad de los migrantes, en su mayoría centroamericanos puede ser considerado una violación a sus derechos humanos; pero, por otra parte, acceder a trasladarlos, además de una multa, les acarrea problemas.
Lo anterior, porque detener un autobús con migrantes ilegales, es considerado un delito, donde los operadores, son considerados responsables de tráfico de personas.
No brindar el servicio, muchas veces representa un problema, pues el migrante llega a actuar de forma violenta o, por el contrario, tan solo en los últimos días ya se registró un caso en León, donde una mujer centroamericana, presentó un documento apócrifo del Instituto Nacional de Migración (INE).
Tampoco se les hizo saber a los directivos de las líneas de transporte como proceder en caso de haber un migrante ilegal, o a dónde comunicarse, solo se les dijo, que tenían prohibido subirlos a los camiones y trasladarlos.
