El movimiento “FRENA” es una oposición en contra de Andrés Manuel López Obrador, que no es nueva pues simplemente concentra a quienes desde antes de 2018 ya eran contrarios al ahora presidente.
En FRENA, no están los decepcionados por AMLO, sino los derrotados por el candidato de Morena hace poco más de dos años.
Pero además FRENA cae en el mismo radicalismo que acusa a López Obrador y lo lleva a hacer lo que éste hizo: tomar las calles y las plazas, acampar ahora en la avenida Juárez del Centro Histórico de la Ciudad de México, como Andrés Manuel lo hizo en Reforma, mientras sus opositores de entonces y ahora se rasgaban las vestiduras.
La postura tan radical e incongruente de FRENA ve la política en blanco y negro, olvidando todos los matices intermedios que hay, y eso no ayuda a la democracia, al contrario favorece su polarización.
La real oposición en contra de López Obrador se desarrolla en otra parte. En un lugar que AMLO no logra entender: en los colectivos feministas. En esos que tomaron las calles el 8 de marzo, que pararon al país el 9, que hicieron suya la sede de la CNDH, mandando “al diablo a las instituciones” del presidente, porque no están en el proyecto de un gobierno por demás conservador frente a sus demandas.
Es allí donde en realidad se está gestando la decepción hacia AMLO, sin que los partidos siquiera sepan verla, entenderla o recogerla, porque hoy sus demandas no caben en los viejos moldes que construyó este sistema, menos en los partidos que son un ejemplo de la ranciedad del Estado.
¿Negocios por encima de la salud?
Usar cubrebocas al abordar los camiones urbanos y suburbanos debería ser un mero acatamiento de las mínimas medidas sanitarias, pues se trata de compartir un espacio cerrado, detenerse de las mismas estructuras tubulares y una serie de riesgos adicionales.
A pesar de que los concesionarios debieron acatar y hacer que se acataran esas medidas por iniciativa propia, pues está de por medio la seguridad de sus operadores y la de sus clientes -el enorme porcentaje de la población que usa el transporte público-, no ha sido así, a casi 7 meses de que inició la pandemia se reconocen incapaces de asumir su responsabilidad y no se atreven a ser ellos quienes pidan a los usuarios el uso de dicha protección.
Todo ello a pesar de la recomendación que hizo la síndica del Ayuntamiento, María Elena Castro, esposa de uno de los concesionarios y cuñada de Neal Ávalos, otro de ellos, quien tajantemente dijo que no fueron consultados de tal propuesta… como si algo tan elemental tuviera que consultárseles.
Así, lo que parece un deslinde familiar se convirtió en un reconocimiento del desinterés por la salud de los pasajeros.
Después de todo parece que se cumple aquello de “Negocios son negocios”, sin importar nada más, ni siquiera la salud.
