El director general de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la capital del Estado, Juan Carlos Delgado Zárate, ha reconocido que aún no reciben la capacitación que recomendó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (Prodheg).
La necesidad de capacitación se evidenció con el caso Kaheli, la mujer transgénero que al igual que su pareja, fueron despedidas de esa dependencia, simplemente por su orientación sexual, según quedó acreditado en el expediente de la Prodheg.
Delgado Zárate dijo en una entrevista a Zona Franca hace apenas unos días: “Vamos a ver cómo se dan los cauces, para que la Procuraduría, como usted los menciona, nos pueda capacitar en ese sentido”.
Pareciera que el funcionario municipal asume la necesidad de ser capacitado y que queda en espera de lo que la Prodheg indique, sin embargo hay un trasfondo más importante en la recomendación: la obviedad de que en la propia administración municipal hay funcionarios sin la mínima capacidad para respetar los derechos humanos, incluso para respetar la otredad.
Que alguien, como Delgado Zárate, quien ha ocupado diversos cargos tanto estatales, como municipales, requiera una capacitación para garantizar los derechos más básicos que establece nuestra legislación, resulta muy grave.
¿No sería mejor qué primero se capacitaran y luego -si acaso-fueran funcionarios?
La vulnerabilidad de los centros de rehabilitación
Una vez más, uno de los llamados “anexos” ha sido el objetivo de un ataque criminal.
Esta vez en Cortazar, un grupo de personas armadas habría irrumpido al lugar y asesinado a tres personas y dejado herida a una cuarta.
Desde hace más de dos años se habían prendido todas las alertas, luego del ataque al centro denominado ‘Buscando el camino a mi recuperación’, ubicado en la comunidad de Arandas, en Irapuato y que costó la vida de 34 internos, también víctimas de un ataque criminal.
De entonces hasta ahora, las cosas no han cambiado. A pesar de los esfuerzos de voluntarios para crear estos lugares en los que intentan rehabilitar a personas adictas, lo cierto es que siguen a su suerte, sin ninguna intervención municipal.
Tal parece que la enorme tragedia de 2020 no enseñó nada a nadie.
