Hace dos días, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía advirtió que los casos activos de COVID-19 en Guanajuato se habían incrementado en un 132 por ciento, ayer el dato ya era de 143%.
Obviamente esto representa que tengan que realizarse con eficacia y en poco tiempo, un montón de pruebas de COVID-19 a pacientes que sean sospechosos porque tienen síntomas o estuvieron cerca de alguien ya diagnosticado como positivo.
A nivel nacional hay 135 laboratorios certificados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), pero sólo hay uno en Guanajuato, lo cual pone a la entidad en una seria desventaja en la detección y control del virus.
De manera oficial el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Guanajuato es el único certificado, aunque también lo es la cadena privada ‘Salud Digna’, que tiene 5 sucursales en el estado, aunque todo parece indicar que estas pruebas se procesan en sus laboratorios de Ciudad de México.
La Secretaría de Salud ya optó por dar fichas para la población que quiera realizarse la prueba de COVID-19, y con un número limitado de pruebas por día, seguro la detección de casos será menos efectiva.
Pero ojo, aquí la responsabilidad no es enteramente de la SSG, también lo es de la federación que dispuso de un recurso limitado para la compra de pruebas, parte de las cuales llegaron hasta Guanajuato, y sobre todo de no querer asumir algo en lo que varios reconocidos epidemiólogos han insistido: necesitamos más pruebas.
Denuncias Vs. reconocimiento
En una sola semana la policía capitalina acumuló tres quejas por exceso de la fuerza pública y violentar los derechos humanos de los ciudadanos, pero para el alcalde Alejandro Navarro Saldaña sus elementos son de los mejores del estado.
Quizá tenga razón, si es que se refiere a que sus elementos forman parte de las corporaciones que han sido más criticadas y señaladas durante esta cuarentena, por los abusos que han cometido a la hora de las detenciones.
De plano, en Cuévano las autoridades no han aprendido nada de otros casos de brutalidad policial que se han cometido en otras ciudade,s y en vez de reconocer sus errores se empeñan en defender a los policías que indudablemente reflejan la falta de sensibilización y capacitación en materia de derechos humanos.
Resulta que en sus declaraciones, Navarro quiso justificarlos con el argumento de que por la contingencia todo el mundo tiene estrés, hasta los uniformados, por eso se exceden en el uso de la fuerza que termina en la vulneración de los derechos de los ciudadanos.
La mala defensa de los altos mandos lo único que ha provocado es que los capitalinos desconfíen aún más de quienes se supone tienen la encomienda de velar por la seguridad e integridad de la población.
Y, no solo eso, sino que pone en evidencia de que una vez más, la cero tolerancia que alardea Alejandro Navarro en cada oportunidad que tiene, no aplica al interior de su administración.
