El caso de la Ciudad de los Niños, ya ha pasado a la historia como una de las grandes muestras de la impunidad, complicidad y omisión de los gobiernos de todos los niveles, ante la violencia exzacerbada al interior de los albergues que, se supone, tienen como misión resguardar a menores de edad en estado de vulnerabilidad.
El informe elaborado por la Disability Rights International (DRI), pone en su dimensión el caso que involucra al sacerdote católico, a la altura de otros archivos emblemáticos ocurridos en México, desde la documentación de la organización con sede en la ciudad de Dublín.
La omisiones y la irresponsabilidad de las instancias locales, fueron colocadas con toda su nitidez por la organización defensora de Derechos Humanos, pero también hizo la precisión sobre la postura de la CNDH, instancia que se manifestó poco más de tres años después, al afirmar que si bien realizó recomendaciones en ese tema, no incluyó la necesidad de investigar a Pedro Gutiérrez Farías.
Es ahí donde se centra la impunidad y la deuda social del caso. De toda la serie de vejaciones registradas contra centenares de menores, hay un responsable que tuvo la libertad y complacencia del círculo político y eclesiástico, para operar durante cerca de 40 años un centro que evidentemente faltó a su misión de origen.
Definitivamente en México, como en Guanajuato, los sistemas de supervisión y monitoreo de este tipo de albergues, es inoperante.
En ese sentido, la conclusión de DRI es lapidaria: la creación de políticas y programas para prevenir y sancionar abusos, ha sido imposible porque las principales autoridades responsables de operar estas instituciones, ni siquiera cuentan con un registro exacto del número de personas que han sido colocadas en estas instituciones.
El PRI se sube tarde al tema de Química Central
El PRI nomás anda buscando de dónde colgarse para figurar. Ahora, los legisladores propusieron exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que exija a Química Central de México que retire el pasivo ambiental de 196 mil toneladas de cromo hexavalante.
Química Central de México fue clausurada en julio de 2015, es decir hace 5 años, es decir cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto todavía tenía 3 años por delante.
Hay que recordarles a los legisladores que Peña Nieto surgió del PRI, y que Guillermo Haro Bélchez, quien fuera titular de la Profepa en aquel entonces, tiene una carrera ligada a los gobiernos tricolor.
Habría que preguntarles a los priistas, ¿por qué hasta ahora que necesitan ‘figurar’ es cuando se acuerdan de Química Central de México?
Ellos al estar en la federación durante los años siguientes a la clausura de esta empresa, pudieron haber gestionado a la Profepa que diera alguna solución o aplicara sanciones más fuertes a QCM por el incumplimiento del pasivo ambiental… pero no lo hicieron.
Apenas se ve cerca el proceso electoral, y entonces sí, los partidos políticos -no sólo el PRI-, salen a querer colarse en cualquier tema para obtener reflectores y parecer productivos.
