Las dudas y quejas sobre la operatividad de la Guardia Nacional en Guanajuato se han ido acumulando. Diversos son los actores políticos que han reclamado: el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el legislador Rolando Alcántar y también lo hizo el alcalde, Héctor López Santillana.
Héctor López Santillana aprovechó la reunión que, junto con otros alcaldes, sostuvo con integrantes de la Guardia Nacional, para reclamar los pocos resultados que han dado los operativos en los que participa la autoridad federal.
Ahí, López Santillana confirmó lo que ya había adelantado el síndico leonés, Christian Cruz, quien dijo que aunque la Guardia Nacional presuma que sí hay resultados e incluso ha logrado algunas detenciones, esto no es dado a conocer a las autoridades locales.
Coordinación e inteligencia, fue lo que pidió Héctor López Santillana a los integrantes de la Guardia Nacional, quienes ya llevan varios meses en León, pero todavía no han podido acoplar su método de trabajo con los de otras autoridades en materia de seguridad.
Pendientes en el tema de desaparecidos
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se comprometió a sostener una reunión el día de hoy con familiares de personas desaparecidas en Guanajuato.
Previamente, los familiares de personas desaparecidas ya se habían reunido con autoridades del ejecutivo estatal, particularmente con Luis Ernesto Ayala Torres. Estos son pequeños avances que se están dando en el tema, que se ha vuelto uno de los más preocupantes en materia de seguridad.
Las asociaciones de familiares de personas desaparecidas están comenzando a integrarse y a exigirle tanto al Gobierno Estatal como a la Fiscalía General del Estado que den atención puntual al tema, y lo reconozcan como una situación de urgencia.
Y mientras que estas dos autoridades comienzan a dar pasos pequeños para la atención de este fenómeno; quienes siguen dormidos en sus laureles son los legisladores locales, quienes tienen dos años atorados con la Ley de Desaparición Forzada, misma que debió quedar aprobada desde finales de 2017.
El no contar con un marco legal, pone en desventaja a Guanajuato, que no tiene una normativa para saber cómo investigar este tema, cómo darle seguimiento y cómo proteger a los familiares de las víctimas.
