Con la excusa de que tienen abogados particulares, la directora del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, Anabel Pulido se deslinda del acompañamiento para Regina y María José, víctimas de abuso del diputado panista, Jorge N y de Violencia Institucional por parte del personal del Centro de Justicia para las Mujeres.
Poco le faltó para decir textualmente, que ella no tenía ni vela en el entierro y vaya que ya parece panteón y el IMUG nada más no da una.
Su directora primero dice una cosa y luego tienen que enmendar sus declaraciones, lo cierto es que a ciencia cierta no sabe cuál es su trabajo, cuando este debería ser su momento de actuar.
Tanto se ha minimizado las facultades del instituto, que sus funciones sólo se encaminan a asesorar y acompañar, pero solo lo hacen de haber quejas y al parecer de no haber abogados particulares, de lo contrario el IMUG parece ser solo un simple espectador.
Sin embargo, espectadores ya hay muchos y víctimas de violencia de género por agresión, abuso, también se siguen sumando, lo que hace necesario que haya conocimiento del tema, acciones y asumir la misión de que un instituto puede hacer algo que marque la diferencia, lo que ni por limpiar su imagen intentan.
El liderazgo de las víctimas
Amnistía Internacional, a través de su capítulo México sostiene que en todo el país hay una deuda inmensa desde el sistema judicial y las fiscalías con las víctimas de delitos sexuales y feminicidios, además de con sus familias.
Los señalamientos son puntuales: ni los servidores públicos investigan lo suficiente, ni el aparato judicial es eficiente.
Todo ello genera una revictimización constante, al tener que ser las víctimas directas o indirectas, quienes se convierten en las líderes de las investigaciones respectivas. Incluso a veces teniendo que enfrentarse no solo con sus agresores, sino con las propias fiscalías, como ocurre en los casos de Regina y María José, quienes han denunciado a un diputado electo del PAN por violación y además tienen que litigar contra las propias determinaciones de quien por disposición legal sería su representante.
Este liderazgo de las familias también ha sido incansable en los casos de personas desaparecidas.
Son las familias las que salen a buscarlas, son ellas quienes aportan pruebas, las que van tras cualquier indicio, las que rastrean cualquier esperanza, ante la apatía de las agencias de investigación y ante el desinterés de autoridades.
Esto último es parte de lo que le tocará revertir Lucía Berenice Acosta Gómez, la nueva titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, si es que ella sí se toma en serio su chamba.
