El director de la Academia del Instituto de Formación Policial (Infopol) de Celaya, José Arturo Yáñez Romero parece llevar tatuada la necesidad de discrimnar y violentar los más esenciales derechos humanos.
Sin importar la prohibición, incluso constitucional, de discriminar, decidió que aquellos que tengan tatuajes mayores de diez centímetros no podrán ingresar a la Academia que él dirige.
El hecho sorprende, pues estigmatiza a las personas tatuadas, simple y sencillamente porque cada uno y una de ellas decidió sobre su cuerpo, como lo han hecho alrededor de 12 millones de mexicanos y mexicanas, por razones tan diversas como cada una de esas personas.
Lo más grave es que tratándose de un evidente caso de discriminación, ninguna otra autoridad del municipio haya salido a enmendar esa disposición, no obstante que toda autoridad está obligada a reparar o denunciar las violaciones de derechos humanos de las que tenga conocimiento.
Así las cosas, todo indica que no se trata solo del absurdo e ilegal criterio de Yáñez Romero, sino del alcalde o del mismo Ayuntamiento, que siendo sus superiores solapan esa transgresión a los derechos de cada persona que pretenda ingresar a la Academia de Formación Policial.
Tal parece que hay funcionarios públicos que ni el hecho de vivir en el siglo 21, ni protestar cumplir la Constitución, les ha borrado la discriminación que son capaces de pretender imponer.
La misteriosa desaparición de 6 mineros en la capital
No se sabe mucho de ellos, y al parecer la autoridad municipal sabe menos. Lo cierto es que oficialmente, según la Fiscalía del Estado, seis integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Minero Metalúrgica de Guanajuato se reportan como desaparecidos desde el miércoles pasado.
El hecho se había mantenido con un total hermetismo de las autoridades, hasta que el sábado la Fiscalía publicó las fichas de búsqueda.
Se trata de un acto sin precedentes en la capital del Estado, que versiones de testigos y familiares describen como un secuestro o al menos una privación ilegal de la libertad.
Esto es, la camioneta en la que viajaban de regreso a la zona centro de la ciudad capital, habría sido interceptada por otro u otros vehículos, entre el Centro Acuático del CODE y la casa del alcalde Alejandro Navarro, poco después de mediodía.
También llama la atención que se trate de integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera, ya que ello implica una agresión a mineros que han estado luchando por décadas la recuperación de los activos de esa organización, los que en medio de mucha polémica fueron vendidos y hoy, en su gran mayoría se encuentran en manos de empresas canadienses
Se trata de un hecho con infinidad de aristas y que cada una debería de estar ocupando a nuestras autoridades.
