El más reciente informe de la procuradora de los Derechos Humanos, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, presentado ante el Congreso del Estado, reveló que la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas (CEAIV), a cargo de Sergio Jaime Rochín del Rincón, es la entidad pública contra la que más quejas se presentaron en 2024.
849 inconformidades de particulares, más de dos diarias, es un número que revela que algo grave está pasando en la atención de víctimas, pues deja en claro que la atención, al menos no es integral, incluso podría ser que no esté dándose de acuerdo a los protocolos correspondientes, así lo perciben quienes acuden a la Ceaiv.
El dato revela otra cuestión muy grave: que uno de los aspirantes a dirigir la Prodheg, en el pasado proceso, como fue Jaime Rochín, dirige la dependencia que probablemente cometió más violaciones a los derechos humanos.
La sola percepción de que en esa instancia se están vulnerando derechos, es una señal de alarma que tendría que preocupar a todas las autoridades involucradas, directa o indirectamente en su desempeño
El informe es un duro revés a Jaime Rochín, pero también a la manera en la que la Ceaiv se relaciona con las víctimas que atiende o que dice atender.
Una broma despreciable
Aunque el fiscal General de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste concluyó que la supuesto reclutamiento en Honda en Celaya es una broma despreciable, su trabajo no termina ahí.
En Guanajuato, las desapariciones no son un tema menor ni aislado y los colectivos de búsqueda han documentado casos de personas que desaparecieron luego de acudir a ofertas laborales en otros estados.
Esa realidad exige que toda alerta, real o falsa, sea investigada a fondo.
Decir que fue “una broma despreciable” no basta.
La Fiscalía hizo bien en abrir una carpeta de investigación y realizar rondines, pero lo que se espera es que este nivel de reacción no sea la excepción, sino la regla, dado que al final es su trabajo.
Lamentablemente las redes de trata y reclutamiento forzado existen, y lo que hoy la determinación fue una falsa alarma, mañana podría no serlo, como en muchas ocasiones no lo ha sido.
Las publicaciones sospechosas deben tomarse en serio. La Fiscalía debe estar preparada para actuar, no solo para desmentir.
La FGE tiene la responsabilidad de actuar siempre, y no por presión pública, sino porque así se salvan vidas y porque la Fiscalía está obligada a trabajar.
